Actuar de Fiscalía en caso Barrenador "ha sido precipitado", dice sector cooperativo
Freddy González critica que el acuerdo que supuestamente causará un perjuicio de ¢12.400 millones anuales, como lo afirma el Ministerio Público, ni siquiera está en firme.
El sector cooperativo criticó la mañana de este miércoles al Ministerio Público, al calificar de abusivas y precipitadas las actuaciones que lleva a cabo en el llamado caso Barrenador, en el que figuran altos mandos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Dos días después de las ocho detenciones y 28 allanamientos ordenados por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), el Movimiento Cooperativo y el Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop) emitieron su primer pronunciamiento sobre las diligencias, que persiguen un aparente tráfico de influencias y una presunta influencia contra la Hacienda Pública en la compra de servicios efectuados a cuatro cooperativas y a una asociación.
En su comunicado, el Consejo de Cooperativas resaltó que el acuerdo de la Junta Directiva de la institución administradora de los hospitales públicos ni siquiera está en firme, pues la Contraloría General de la República (CGR) estudia una apelación.
"Más grave aún es que la Fiscalía afirma que ese acuerdo de la Junta Directiva de la Caja produciría pérdidas millonarias actuando en forma precipitada y sin conocer que apenas se está en el proceso de formalización de las garantías de cumplimiento y no se ha pagado ni un solo colón sobre este tema", dijo el representante de ambas instancias, Freddy González.
Esto evidencia que la labor del Ministerio Público "ha sido precipitada y sin conocer la realidad de los hechos", resalta por su lado el pronunciamiento escrito del Consejo.
Dicho documento recuerda que las cooperativas prestan servicios a la Caja de Seguro Social desde 1988 y que el propio órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa ha ordenado un nuevo proceso licitatorio desde 2006, que venció en 2020. En ese momento se suscribió un contrato de continuidad de servicios.
Los servicios que brindan estas cooperativas abarcan a 585.000 asegurados de 138 equipos básicos de atención integral en salud (Ebáis) y 10 áreas de salud.
"Sería un caos para la Caja de Seguro Social y un gran daño a la sociedad que las cooperativas fueran excluidas de la operación de esos centros de salud", subrayó el sector.
El pronunciamiento destaca el trabajo "exitoso" de las cooperativas, basado en un "alto nivel de satisfacción" de los usuarios de 10 de los cantones más populosos del país.
González expuso su confianza en el sistema judicial y en jueces "honestos" que prioricen la salud de los costarricenses.
