Fernando Villavicencio, el candidato obstinado en luchar contra la corrupción en Ecuador
De 59 años, Villavicencio ocupaba el segundo lugar en las encuestas, detrás de la candidata correísta Luisa González, de acuerdo con la encuestadora Cedatos.
Férreo en su lucha contra la corrupción, el candidato presidencial Fernando Villavicencio presentó denuncias de irregularidades en contratos estatales hasta días antes de ser asesinado a tiros en la capital de Ecuador, tras participar en mitin político.
Una de sus investigaciones periodísticas llevó al banquillo al expresidente Rafael Correa (2007-2017). El reporte realizado junto a su colega y amigo Christian Zurita destapó una trama de coimas que puso contra las cuerdas al exmandatario y a funcionarios de su gobierno por haber recibido sobornos de parte de empresarios.
Por ese caso, Correa, quien está refugiado en Bélgica y al que Villavicencio se refería como "el prófugo", fue condenado en ausencia a ocho años de cárcel.
Sus investigaciones le valieron sendas órdenes de prisión. En 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le concedió medidas cautelares tras ser sentenciado a 18 meses de cárcel por injuriar a Correa. En esa ocasión, se ocultó en la selva amazónica para evitar cumplir la condena.
Dos años después, un juez ordenó su encarcelamiento por supuestamente revelar información reservada con correos electrónicos hackeados a la administración de Correa para sustentar investigaciones sobre corrupción en negocios petroleros.
Entonces, se refugió en Lima hasta 2017 cuando regresó al país bajo el gobierno del Lenín Moreno (2017-2021), distanciado de Correa.
La semana pasada, Villavicencio denunció en dos ocasiones amenazas contra su vida y su equipo de campaña. El candidato tenía resguardo policial cuando fue atacado a tiros al salir de un encuentro con seguidores.
"Pese a las nuevas amenazas, seguiremos luchando por la gente valiente de nuestro #Ecuador", escribió Villavicencio en Twitter, ahora llamada X, al denunciar mensajes intimidatorios.
De 59 años, Villavicencio ocupaba el segundo lugar en las encuestas, detrás de la candidata correísta Luisa González, de acuerdo con la encuestadora Cedatos.
Auspiciado por los movimientos Construye y Gente Buena, el periodista y exasambleísta buscaba por primera vez la presidencia de Ecuador, en unas atípicas elecciones que se celebrarán el próximo 20 de agosto.
Los comicios anticipados se dan luego de que el presidente Guillermo Lasso disolviera la Asamblea Nacional.
- "Contra la industria petrolera" -
Entre las propuestas de Villavicencio estaba la construcción de una cárcel de máxima seguridad en la Amazonía.
"Mi gobierno va a ser un gobierno de mano dura contra la violencia, pero vamos a atender principalmente el desempleo", declaró recientemente a la prensa.
Nacido en la andina localidad de Alausí, en la provincia de Chimborazo (sur), Villavicencio fue el mayor de seis hermanos y creció en el campo hasta que su familia migró a Quito.
Desde muy joven trabajó "pelando pescado, conchas" de "mesero, posillero", según relató en una reciente entrevista con diario El Universo.
Se involucró con la industria petrolera -de la que tenía un amplio conocimiento- cuando ocupó un cargo en el área de relaciones comunitarias de la estatal Petroecuador.
"Mi trabajo fue contra la industria petrolera porque yo lo que hacía era investigar y hacer registros sobre los impactos de la industria petrolera", señaló.
Agregó que "siempre acababa emitiendo informes en contra de la propia empresa".
Al dejar el sector petrolero se dedicó a ejercer periodismo en los portales Plan V, Mil Hojas y Periodismo de Investigación.
Villavicencio, al que sus simpatizantes llamaban Don Villa, llegó a ocupar un lugar en la Asamblea Nacional, donde presidió la Comisión de Fiscalización que llamó a juicio político a Lasso por un supuesto caso de corrupción, algo con lo que el candidato no estaba de acuerdo.
La última denuncia que presentó Villavicencio salpica al exvicepresidente Jorge Glas, exministro del gobierno de Correa, y a Petroecuador por supuestos contratos ilegales en la adjudicación de 21 pozos petroleros a empresas extranjeras.