Parlamento de Bolivia investigará conflictos postelectorales
El gobierno interino de Jeanine Áñez reiteró ante la CIDH que la actuación de policías y militares contra los seguidores de Evo Morales fue correcta.
La Asamblea Legislativa boliviana, controlada por el partido del expresidente Evo Morales, investigará los sucesos violentos ocurridos en el país entre los pasados octubre y noviembre, tras las fallidas elecciones generales, se informó en La Paz el viernes.
El Parlamento aprobó la conformación de una comisión integrada por nueve legisladores "con el objetivo de indagar los hechos ocurridos" en el país a partir del 21 de octubre, dijo a los medios la presidenta del Senado, Eva Copa.
Copa, que pertenece al Movimiento al Socialismo (MAS), de Morales, indicó que buscan "transparentar" las indagaciones "y poder dar con los culpables" de la violencia que dejó al menos 35 muertos y más de 800 heridos, según la Defensoría del Pueblo de Bolivia.
La comisión tendrá hasta la primera quincena de mayo para presentar los resultados de su indagación. De los nueve parlamentarios que la conforman, seis pertenecen al MAS, dos a la alianza Unidad Demócrata (UD), de la presidenta interina, Jeanine Áñez, y uno al Partido Demócrata Cristiano (PDC).
Las elecciones de octubre, en las que Evo Morales fue declarado ganador para un cuarto mandato consecutivo, desembocaron en una grave crisis, entre denuncias de fraude electoral a su favor, hasta que en noviembre renunció denunciando que era víctima de un golpe de Estado.
El gobierno de la presidenta interina Jeanine Áñez defiende la actuación de las fuerzas policiales y militares durante las protestas, especialmente en las ciudades de Sacaba y Senkata, aunque la Defensoría del Pueblo asegura que hubo una "masacre".
Opositores denuncian persecución
Este mismo viernes, en una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrada en Haití, la defensora del Pueblo boliviana, Nadia Cruz, aseguró que las autoridades bolivianas "continúan persiguiendo a sus opositores" utilizando los argumentos de sedición y terrorismo, mientras se niegan a identificar a los soldados y policías que "asesinaron" a 35 bolivianos.
El gobierno de Bolivia también anunció que remitirá al de Argentina una nota del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que asegura que los refugiados no pueden realizar actividades contra su país de origen, tras una consulta sobre las labores del expresidente Morales.
Según las autoridades de La Paz, las recurrentes apariciones públicas y políticas de Morales en Argentina, donde está refugiado desde el 12 de diciembre pasado, incumplen con lo establecido en las normativas de ACNUR.
Desde Buenos Aires intentó habilitarse como candidato a senador por el departamento de Cochabamba para las próximas elecciones del 3 de mayo, pero fue inhabilitado por el órgano electoral por no cumplir el requisito de la residencia.
Morales es investigado por la fiscalía por los delitos de sedición y terrorismo, acusado de promover las protestas de sindicatos de campesinos contra Áñez.