Gobierno de Nicaragua cierra emisora radial y 12 ONG
El gobierno de Daniel Ortega ya suma 3.600 organizaciones sin fines de lucro clausuradas unilateralmente.
El Gobierno de Nicaragua canceló este martes (09.07.2024) la personería jurídica a la Asociación Radio María y a otras 12 asociaciones que funcionaban como organismos sin fines de lucro, en medio de las tensiones entre el Ejecutivo que preside el sandinista Daniel Ortega y la Iglesia católica.
La disolución de Radio María —que operaba desde hace 40 años— y de las otras 12 organizaciones fue aprobada en Managua por la ministra del Interior, María Amelia Coronel, según dos acuerdos ministeriales publicados en el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua.
La cartera del Interior explicó que cerró de forma unilateral Radio María por “incumplimiento”, debido a que no reportaron sus estados financieros del período 2019 al 2023, y su junta directiva estaba vencida desde el 8 de noviembre de 2021.
La medida se produce luego de que la emisora anunciara que reduciría su horario de programación, de 24 a 14 horas a raíz del bloqueo de sus dos cuentas bancarias con el Banco de la Producción (Banpro) que le impedía recibir donaciones.
Las relaciones del Gobierno de Ortega y la Iglesia católica viven momentos de gran tensión, caracterizadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas, y la suspensión de sus relaciones diplomáticas.
Además de Radio María, el Ministerio del Interior canceló otras 12 asociaciones, con lo que suman más de 3.600 las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) ilegalizadas desde diciembre de 2018, y la mayoría de sus bienes han sido traspasados al Estado.
Entre las 13 ONG canceladas se encuentra la Asociación Colectivo de Mujeres de Masaya, Asociación de Productores Agro-Ganaderos, No Tradicionales de San José de Bocay, Asociación de Puestos de Bolsa de Nicaragua, Cámara de Comercio y Servicios de Masatepe, entre otras.
Con el cierre de estas ONG, suman más de 3.600 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018.