¿Comienza el éxodo de ONG desde Nicaragua?

Aunque el registro de agentes extranjeros aún no está funcionando, los peores temores de que podría ahuyentar la cooperación internacional se están haciendo realidad con el anuncio oficial de We Effect, la organización para el desarrollo del movimiento cooperativo de Suecia, de que cerrará su oficina a causa de la nueva normativa.

De acuerdo con la ley de regulación de agentes extranjeros, impulsada por el Frente Sandinista del presidente Daniel Ortega, toda persona u organización que reciba fondos del exterior debe registrarse en el Ministerio de Gobierno para someterse a un control financiero. Además, tienen prohibido "realizar actividades que deriven en injerencias (...) en los asuntos internos de Nicaragua, poniendo en riesgo la seguridad del Estado”.

La norma les impide participar en política interna, financiar organizaciones políticas, ser empleados públicos o candidatos en elecciones hasta un año después de dejar su cargo de "agentes extranjeros”. Su transgresión puede acarrear multas, cancelación de la personalidad jurídica, intervención de fondos y bienes y prohibición de actividades, además de penas por delitos contra la seguridad del Estado.

En entrevista con DW, Anna Tibblin, Secretaria General de We Effect, explica: "Es muy importante ser claros en nuestra decisión. Tenemos que tomar una posición y decir que no vamos a registrarnos, porque simplemente va en contra de nuestros valores y de todo lo que es una organización libre e independiente”.

"La nueva ley, con sus implicaciones y sus amplios requisitos de control y registro, conlleva un gran riesgo para las mismas organizaciones contrapartes y nuestro mismo personal, pues las autoridades van a fiscalizar directamente sus actividades”, agrega.

Una decisión dolorosa

8.847 participantes, de ellos 5.216 mujeres y 3.631 hombres de 10 organizaciones locales, se verán afectados por el cierre de proyectos de We Effect. La mayoría participan en programas del sector agrícola, como, por ejemplo, en cooperativas de producción de café orgánico, que les permiten convertirse en empresas viables, participar en la economía del país e, idealmente, también exportar.

Y con ello hay logros, como el empoderamiento de líderes locales, la participación económica de las comunidades, especialmente de las mujeres, y el fortalecimiento de las organizaciones en aspectos de gobernación.

"Llevamos 35 años en Nicaragua. Dejar el país es una decisión muy dolorosa, que no hubiéramos querido tomar, y lo hicimos después de mucha discusión”, dice Tibblin. En los últimos diez años, We Effect ha apoyado con 5,5 millones de euros diversos proyectos en ese país centroamericano.

"Vamos a desarrollar un plan de salida para hacer lo que podamos por las organizaciones, pero después no sabemos qué va a pasar con ellas ni qué tipo de apoyo podrán tener, pues las mismas contrapartes nos dicen que no pueden recibirlo por el riesgo que esto conlleva”, adelanta.

Salida con cautela y continuidad con dificultades

"Hay varias organizaciones de cooperación más que se han venido retirando de Nicaragua, pero que no han querido hacerlo público, en espera de mejores condiciones para poder reabrir en un futuro”, indica a DW Rafael Henríquez, director de Oxfam en Nicaragua.

Además de la ONG sueca, al menos cuatro organizaciones internacionales ya habrían tomado la misma decisión. No obstante, aún no quieren hacerlo público y prefieren mantener los motivos en reserva. "Entiendo que hay otros que están en el mismo proceso, viendo qué hacer, y probablemente otros han decidido salir, pero sin anunciar la razón”, comenta Anna Tibblin.

"En el caso de Oxfam hemos decidido continuar trabajando hasta que sea posible y no cerrar la oficina de país”, confirma Rafael Henríquez. Oxfam coopera allí con organizaciones y comunidades en acciones humanitarias, medios de vida rurales, espacios de sociedad civil y derechos de las mujeres y pueblos indígenas.

"Sabemos que registrarnos en el mecanismo de agentes extranjeros del MIGOB hará nuestro trabajo más complicado y aumentará la carga burocrática, por los requisitos excesivos y repetitivos que contempla dicha ley, pero estamos dispuestos a intentar cumplirlo para seguir cooperando en Nicaragua con las comunidades y organizaciones sociales que más requieren nuestro apoyo”, señala Henríquez.

Según su análisis, la aplicación de la ley es compleja, pues define como agentes extranjeros a una "cantidad masiva de organizaciones, empresas y personas que de alguna manera reciben apoyo o se benefician de programas de cooperación internacional”. Por otro lado, crea mecanismos imposibles de operar, "como el registro de decenas de miles de organizaciones y personas y la presentación de informes mensuales por parte de cada uno de ellos”, explica Henríquez.

Éxodo de oenegés afectaría a miles de personas

Aun en caso de que el registro y los informes se cumplieran en los plazos esperados, ¿será capaz el gobierno de procesar toda esa información, sin provocar la paralización de las operaciones de las organizaciones?

"Si con los mecanismos actuales de la ley de asociaciones civiles se hace complicado trabajar, con los que introduce la ley de agentes extranjeros sería casi imposible continuar trabajando en Nicaragua, lo que afectaría a centenares de miles de personas en comunidades empobrecidas del país”, indica Henríquez. Según un reciente cálculo de las 30 organizaciones del Secretariado de ONG internacionales en Nicaragua, éstas canalizan anualmente al menos 25 millones de dólares en apoyo a más de 550 mil personas.

Aún el gobierno no ha explicitado cómo pondrá en marcha los mecanismos de control. En los próximos meses, con la transición hacia el nuevo sistema que regula los aportes extranjeros, se pondrá a prueba la capacidad de las organizaciones internacionales y locales para sostener sus proyectos y se verá finalmente cuántas ONG permanecen en el país o deciden cerrar sus oficinas.

​