La Procuraduría General de la República aseveró este miércoles que el Ministerio Público le trasladó documentos incompletos para justificar la solicitud de desestimación que presentó por el “megacaso” de fraude fiscal que anunció el jueves pasado Hacienda.
En oficio enviado al ministro de Justicia, Gerald Campos, la procuradora general adjunta, Magda Rojas, aseguró que desde el 9 de enero anterior la Fiscalía les comunicó la solicitud de desestimación por ese caso que involucra al exministro Leonel Baruch y al Banco BCT.
El 19 de enero, mismo día de la conferencia de prensa de Hacienda, la Procuraduría recibió copias del expediente del legajo de investigación de la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos y Tributarios y le asignó ese proceso al procurador de la Dirección de Derecho Penal, Randall Aguirre, como representante del Estado.
“Luego del estudio de la documentación que se recibió de la Fiscalía, el Procurador Aguirre presentó escrito ante el Juzgado Penal de Hacienda II, señalando el carácter incompleto de los documentos recibidos, que respaldan los actos de investigación que fueron desplegados por parte de la Fiscalía y que sustentan la solicitud de desestimación.
“Por lo que, con base en lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, procedió a solicitar la copia de la totalidad del expediente del proceso, de previo a que el Despacho Judicial resuelva la solicitud planteada por el Ministerio Público”, dijo la Procuraduría.
Este oficio responde a la solicitud que el ministro de Justicia, por orden del presidente Rodrigo Chaves, le hizo al ente procurador, donde le pide que siga adelante con el proceso en su condición de representante legal del Estado y ante el corto tiempo que medió entre la presentación de la denuncia y la solicitud de desestimación (menos de dos meses).
Además, Campos pidió a la Procuraduría que disponga las acciones necesarias a nivel judicial para que se reciba desde Panamá prueba “útil, necesaria y pertinente para el esclarecimiento de los hechos tan graves que han sido denunciados y que aparentemente lesionan el erario público”.
Hacienda denunció que el supuesto caso de defraudación, por ₡11 mil millones, se consiguió gracias a una triangulación entre el Banco BCT en Costa Rica y otra entidad financiera en Panamá también vinculada a Leonel Baruch, así como una empresa “holding” (tenedora de acciones) que permitió crear escudos fiscales y evitar el pago de impuestos.
El presidente Chaves anunció esta tarde, luego del Consejo de Gobierno, que solicitará que el caso continúe en investigación y que además, a partir de ahora, “no confiará únicamente en la Fiscalía” para llevar adelante las investigaciones por casos de evasión, sino que se apoyará también en la Procuraduría.
Además, cuestionó el accionar de la fiscala adjunta Criss González, encargada de esa solicitud de desestimación y a quien vinculó con el propio Baruch y también con el actuar del Ministerio Público en el caso ICE-Alcatel, donde figuró el expresidente José María Figueres.
La procuradora Rojas aseguró que su representada ejercerá en este proceso, como lo hace con cualquier otro que asuma, “todas las acciones legales que sean procedentes en resguardo de los derechos e intereses del Estado, según lo dispuesto en el Código Procesal Penal, nuestra Ley Orgánica y demás normas legales aplicables”.