La contralora general de la República, Marta Acosta, señaló este miércoles que la interpretación que hace el Ministerio de Hacienda de la regla fiscal es contraria a la ley, en el entendido de que los cálculos en la contención del gasto tienen que hacerse a partir de los recursos ejecutados y no los presupuestados, tal y como defiende Hacienda.
Ese choque de posiciones supone un crecimiento o disminución de ₡433.000 millones en el presupuesto del Gobierno para este año según la interpretación que se haga de la norma, y es precisamente ahí donde radica el conflicto que ahora también incluye a los diputados.
¿Por qué?
La interpretación que defendió el ministro Rodrigo Chaves ante los diputados el pasado lunes en su interpelación es que el cálculo de la regla fiscal debe hacerse a partir de los recursos presupuestados, esto significa que el Gobierno tendría un colchón adicional de dinero pues la ejecución del presupuesto nunca alcanza el 100%.
Para ponerlo en números, el presupuesto inicial del 2019 fue de ₡7.539 millones y el ejecutado o devengado de ₡7.126 millones.
A partir de estas cifras, y según el tope de crecimiento definido por ley para este 2020 (4,67%), el monto máximo del gasto para este año sería de ₡7.892 millones calculados a partir del presupuesto inicial y de ₡7.459 millones según el ejecutado, de ahí se obtiene esa diferencia de ₡433.000 millones.
Esto significa que Hacienda podría tener un mayor margen de maniobra para manejar sus gastos sin superar el tope establecido por la ley.
Esta interpretación es defendida por los diputados oficialistas.
Del otro lado, sin embargo, la Contraloría fue clara en que, si el ánimo de la ley es controlar el gasto, esa interpretación sería totalmente opuesta al espíritu de la legislación.
Marta Acosta señaló en su misiva a los diputados que la ley es además clara en señalar en su artículo 21 del capítulo IV que la regla fiscal se hará “a partir de la liquidación presupuestaria de las entidades públicas”, es decir, lo que gastó.
“No podemos omitir que aplicar la regla fiscal con la base que establece la ley y que es la base que aplicará la Contraloría, genera una mayor restricción al gasto en el Gobierno Central, contrario a la base que pretende el Ministerio de Hacienda sea aplicada. La interpretación que hace el Ministerio favorece en sus consecuencias una situación que es contraria al espíritu y al texto de la ley, que precisamente es de contención del gasto corriente para procurar la sostenibilidad de la deuda del gobierno”, puntualizó la contralora.
Su tesis es defendida por los legisladores de oposición.
La contralora exhortó a los diputados a que, si se equivoca en esa interpretación, se lo hagan saber a la brevedad.
“Ahora bien, si aún así alguno de los mismos Señores y Señoras Diputadas tuviesen alguna duda sobre la literalidad de la ley, sería entonces imperativo dirimir la propia interpretación y posición de la Asamblea Legislativa, a la brevedad posible, por cuanto corresponde a esta Contraloría, la verificación de la aplicación de la regla fiscal”, dijo Acosta.
Por esta misma razón es que el socialcristiano Pedro Muñoz y la liberacionista Silvia Hernández impulsan proyectos de interpretación auténtica de la reforma fiscal, para zanjar, de una vez por todas, la disputa que ha surgido en esta y otras interpretaciones como la de la CCSS y el Poder Judicial.
Teletica.com intentó este jueves ahondar en la posición de la contralora y tener una respuesta de Hacienda sobre esta.
En el primer caso la oficina de prensa aseguró que Acosta no se referirá a los medios sobre la misiva pues desea que la discusión no se traslade a la Contraloría, sino que se mantenga en el lugar correcto ahora que es el plenario legislativo.
El departamento de Comunicación de Hacienda, por su parte, indicó que informaría oportunamente si hay una posición oficial al respecto.