PLN y Frente Amplio frenan proyecto de prescripción de deudas para trabajadores independientes

Los seis diputados de la fracción del Frente Amplio y otros cuatro de Liberación Nacional (Dinorah Barquero, Pedro Rojas, Gilberth Jiménez y Rosaura Méndez) presentaron, este jueves, una consulta de constitucionalidad al expediente 21.434, que reduciría de 10 a cuatro años el periodo de prescripción de deudas de los trabajadores independientes con la Caja Costarricense de Seguro Social.

La iniciativa había recibido primer debate el lunes y estaba lista para aprobarse esta tarde en segundo; sin embargo, la consulta traslada el texto a conocimiento de los magistrados de la Sala IV, que tendrán 30 días hábiles para dar una resolución, esto sin contar el receso de fin de año.

La queja de los firmantes es que la propuesta viola la autonomía de la Caja al tomar decisiones que son competencia exclusiva de la institución, específicamente en condonar obligaciones que tienen los trabajadores con la seguridad social.

“Específicamente, sobre la condonación de deudas con la CCSS, la Sala Constitucional ya ha resuelto que no le corresponde a la Asamblea Legislativa sustituir a la CCSS y otorgar beneficios o condiciones distintas a las establecidas por la Junta Directiva de la institución, a los obligados con la seguridad social, tanto por la autonomía de la institución como por el peligro que representa para el sostenimiento del sistema solidario de seguridad social”, reza la consulta.

También se cuestiona que el Transitorio II del artículo 2 del proyecto establece una excepción a la aplicación del plazo de 10 años para las obligaciones nacidas antes de la publicación de la ley, y los primeros 24 meses posteriores a su vigencia.

Sin embargo, los proponentes aseguran que, a partir de esa redacción, podría interpretarse que si alguien continúa sin registrarse luego de esos 24 meses, el plazo de 10 años también le aplicaría incluso para obligaciones generadas antes de la aplicación de la ley.

“Consideramos que esa consecuencia puede ser contraria a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, así como al principio de cobertura universal recogido en el artículo 177 de la Constitución Política, pues quien no logre inscribirse en el plazo dicho quedaría condenado a una situación de cobro desproporcionado por muchos años hacia atrás.

“También sería una norma con efecto retroactivo en perjuicio del trabajador independiente, lo que está expresamente prohibido en el artículo 34 de la Carta Magna”, dice la consulta.

El plazo de cuatro años, según la propuesta de ley, sí aplicaría para quienes sí están formalizados y para quienes se registren como nuevos trabajadores independientes.