Una parte del dinero que se recaudaría con la legalización de la marihuana recreativa en Costa Rica se destinaría al Organismo de Investigación Judicial (OIJ); sin embargo, el director interino de la institución, Randall Zúñiga, afirmó que no pueden aceptarlo.
Este martes, la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa recibió a Zúñiga, así como a Michael Soto, subdirector interino, y a Mauricio Chacón, jefe del Laboratorio Forense de la Policía Judicial, para que se refirieran al proyecto de Ley de Control y Regulación del Cannabis para uso Recreativo (expediente 23.383).
Durante la exposición, los funcionarios judiciales sostuvieron que al aprobar la ley no disminuirían los delitos ni la violencia en el país.
“El OIJ está en contra de un proyecto de ley que pretende dar uso recreativo al cannabis. Existen más perjuicios que beneficios, no solo de la óptica policial, sino desde otras áreas. Esta normalización no es buena para el país.
“Es cierto que tenemos carencias y necesidades, pero nos opondríamos a recibir dinero producto de la droga para poder combatirla. No podemos aceptar dineros por su legalización”, dijo Zúñiga.
Para Michael Soto, el crimen organizado siempre buscará una estrategia diferenciada para alterar las plantas y poder tener un THC (componente psicoactivo) más alto, por lo que, de llegar a legalizarse, las organizaciones explorarán cómo hacerla más fuerte para el consumo humano.
“No estamos en contra del cáñamo ni del uso medicinal del CBD, sino de la marihuana y el THC. El crimen organizado siempre va a buscar una estrategia diferenciada porque las plantas pueden ser alteradas.
“No es totalmente cierto decir que legalizarla le va a quitar mercado al crimen organizado. Muchos costarricenses mueren por homicidios, por ajuste de cuentas por drogas o por la lucha por los territorios de venta. Un 70% de los homicidios se dan por consumo y el resto por la puja por territorios”, señaló Soto.
Durante el 2019, el OIJ decomisó casi 20 toneladas de marihuana; en 2020 más de 14 toneladas, durante el 2021 fueron 20 toneladas y en lo que va de este 2022 ya suman 18 toneladas de marihuana. Se cree que este año va a superar la cifra histórica de decomisos de este tipo de droga.
Los funcionarios del Poder Judicial consideran que hay que tener mucho cuidado de comparar Costa Rica con otros países como Uruguay o Canadá, porque estos territorios no están en la ruta de productores de droga como sí lo está el costarricense.
“Si algún grupo criminal ve que tiene competencia, va a matar y esta es una preocupación del OIJ. El legalizarla puede generar muchos delitos y es claro que estamos en la ruta internacional de droga más grande del mundo”, comentó Zúñiga.
Tanto Zúñiga como Soto llamaron a los diputados a reflexionar sobre la posible aprobación del cannabis para uso recreativo porque, según dicen, el principal grupo de población que se vería afectado es el de los estudiantes, ya que son muy vulnerables y atractivos para los narcos, en cuanto al consumo y adicción por esta droga.
También pidieron cambiar el título del proyecto de ley y no usar la palabra recreativa, debido a que podría ser interpretado como algo bueno y compatible con otras palabras.
“El nombre recreativo le da a la población una connotación de que el uso de la droga es bueno y si la quisiéramos asociar a otras palabras podemos hablar de ‘esparcimiento familiar’ y hasta de ‘deportes’.
“Cuando se transmite ese mensaje a los jóvenes, se manda una señal que no es la correcta, se va a interpretar que el uso de la droga es bueno y no tiene consecuencias. Debería de llamarse ‘cannabis de uso no medicinal’”, agregó Zúñiga.
Este proyecto de ley es impulsado por el Poder Ejecutivo y, al autorizarse el consumo recreativo del cannabis, si llegara a tener el visto bueno del Congreso, contempla la creación de "clubes sociales" de dicho producto.
Sin embargo, entre los sitios prohibidos, mencionados por el propio expediente, están los hospitales, restaurantes, cines, centros educativos, centros comerciales y bares.