POR Juan José Herrera | 4 de marzo de 2020, 13:11 PM
El Gobierno sumó tres nuevas bajas este miércoles, el día más negro de su peor crisis.
El escándalo originado por la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) acabó hoy con la salida de Víctor Morales Mora, Ministro de la Presidencia y brazo derecho de Carlos Alvarado, así como la directora del despacho presidencial Felly Salas y el coordinador de la UPAD Diego Fernández.
Los tres se sumaron a las bajas del también funcionario de UPAD y comisionado de asuntos LGTBIQ, Luis Eduardo Salazar, quien renunció el viernes anterior, y a las salidas de los viceministros de Planificación y Hacienda, Daniel Soto y Juan Alfaro.
Los seis son, además, parte de los 22 nombres que la comisión legislativa creada para investigar la UPAD incluyó dentro de su indagación preliminar.
12 días y contando
Lo que inició como una “torpeza política” se convirtió de manera acelerada en la peor crisis de la administración Alvarado Quesada.
Solo han pasado 12 días desde que se dio a conocer el fallido decreto de una unidad que se presentó bajo un velo de secretismo, a pesar de que luego se vendió como un beneficio para la ciudadanía.
En menos de dos semanas, el Gobierno ya perdió seis funcionarios, vivió la interpelación del ahora exministro de la Presidencia, vio cómo el Ministerio Público allanó Casa Presidencial y recibió el llamado a comparecer ante los diputados del propio Carlos Alvarado.
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El mandatario, además, confirmó esta mañana la conformación de un equipo para fortalecer la gobernanza y la renuncia de dos funcionarios más de Casa Presidencial
La Sala Constitucional analiza dos recursos de amparo y una acción de inconstitucionalidad y la Asamblea Legislativa valora un voto de censura contra Daniel Soto y el propio Morales, ambos ahora fuera de Presidencia.
Además está esa comisión legislativa que intentará sentar responsabilidades donde las haya y una propia investigación de Presidencia en el tema.
Los tres poderes de la República están comprometidos en llegar al fondo de esa “torpeza” y dilucidar si efectivamente la UPAD obtuvo información sensible de los ciudadanos.
El escándalo, entonces se aleja cada vez de ese aire de desliz que el Gobierno le quiso dar y se enfoca en lo que ya es: la peor crisis de una administración que aún no llega ni a la mitad de su mandato.