En medio de manifestaciones, diputados suspenden pago de anualidades

En medio de las manifestaciones de sindicatos y la crítica de un numeroso grupo de diputados, este lunes se aprobó en segundo debate la suspensión del pago de anualidades para el sector público para los periodos 2020-2021 y 2021-2022.

El proyecto, presentado por el Gobierno, fue respaldado por 39 legisladores y rechazado por otros 11, quienes cuestionaron lo escaso del recorte en comparación con su gran impacto en el bolsillo de los trabajadores.

La intención de la propuesta es que el Estado se ahorre alrededor de ₡44 mil millones al no pagar las anualidades de todo el sector público por los próximos dos años.

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La medida no hará ninguna distinción en los ingresos de los trabajadores afectados ni tampoco de su área de funciones. Esto quiere decir que los trabajadores del sector Salud o las diferentes policías, primera línea en medio de la emergencia actual, también sufrirán el rebajo.

Esa decisión fue una de las más cuestionadas por los opositores del proyecto, en especial el frenteamplista José María Villalta, que durante varias sesiones bloqueó el avance del proyecto con mociones para solucionar lo que él calificó como “injusticias”.

“Qué error estrenar este Plenario legislativo con un proyecto de ley como el que se estamos discutiendo.

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“Una ley chambona, sin estudio ni fundamento, una improvisación más de este Gobierno y una nueva bofetada a los trabajadores del país, porque el mensaje es que su salario no nos importa y que nosotros los diputados, que no nos vemos afectados por esta ley, venimos simplemente a decirles que les vamos a pegar ese tijeratazo a su salario, pero a otros no los tocamos”, dijo Villalta.

A sus críticas se unieron otros como los socialcristianos Shirley Díaz, Óscar Cascante o Aracelly Salas, que también votaron en contra.

Incluso la oficialista Paola Vega, quien sí votó a favor, reconoció que el proyecto pudo tener mayor equilibrio para trabajadores de la primera línea de defensa y diferenciaciones en el tema de ingresos.

“Este proyecto no aporta casi nada al combate de la crisis fiscal, estamos hablando de que es un 0.08% del PIB, hoy ahorramos ₡69 mil millones aquí y mañana queremos perder ₡88 mil millones con la rebaja del marchamo, esa es nuestra lógica”, dijo Vega.

“Con esto no vamos a arreglar nada, pero sí vamos a hacer que la gente se enerve más en momentos donde tenemos que llamar al diálogo y la cordura”, añadió a su vez el independiente Erick Rodríguez, otro de los que votó en contra.