Un grupo de diputados revivió este jueves la propuesta de darle a los informes de auditoría del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (Lanamme UCR) un carácter vinculante en los proyectos de infraestructura vial.
La iniciativa, que se había discutido en la legislatura anterior pero terminó por archivarse luego de una consulta de constitucionalidad, evitaría que esos informes acaben siendo ignorados por las autoridades de turno, como sucede en la mayoría de casos actualmente, pues sus recomendaciones no son obligatorias.
La decisión de los legisladores proponentes surge luego de la comparecencia que el director del laboratorio, Alejandro Navas, tuvo ante los diputados que investigan el escándalo en obra pública conocido como caso “Cochinilla”.
Ahí, Navas reconoció que el Lanamme advirtió al MOPT sobre problemas en una serie de proyectos investigados ahora judicialmente, incluido el paso a desnivel en las Garantías Sociales (Zapote).
Sobre este, el director precisó que la auditoría demostró que la empresa MECO no utilizó el asfalto que se estableció en el contrato, pero que aún así el Gobierno le pagó alrededor de $17 millones tal y como establecía el acuerdo.
“Por esta razón, para darle a una institución sería, técnica y propio como lo es el Lanamme una incidencia real en sus labores de fiscalización y auditoría, he presentado, junto a otros compañeras y compañeros diputados, el proyecto de Ley 22.572, que reforma el artículo 6 de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias.
“En lo sucesivo, todas las instituciones encargadas de la gestión vial, todas las auditorías e informes del Lanamme deben ser vinculantes en los procesos de contratación. Este es un paso muy importante para encauzar la labor administrativa del MOPT, Conavi y municipalidades, dentro del marco de la legalidad y una correcta y sana administración”, dijo la diputada liberacionista, Aida Montiel.