TSE descarta voto por Internet para elecciones del 2022

Sus elevados costos y la Constitución Política impiden al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) siquiera valorar la posibilidad de que las elecciones presidenciales del 2022 se realicen mediante el voto por Internet.

El presidente del Tribunal, Luis Antonio Sobrado, indicó que el voto por Internet no es solo caro, sino además inconstitucional, y que el país “no está preparado” para pensar en un modelo de votación de ese tipo.

Su respuesta se dio ante la consulta del diputado Jonathan Prendas sobre las prevenciones que pueda estar haciendo el TSE ante la eventualidad de que la pandemia del COVID-19 se extendiera hasta febrero de 2022, cuando se realizarían las elecciones.

“Yo tengo la confianza o al menos la esperanza de que para febrero del 2022 tengamos controlada la situación, aún las expectativas más pesimistas nos indican que habría una vacuna para el próximo año.

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“En Costa Rica el único voto electrónico que es constitucionalmente viable en Costa Rica es en la urna electoral, porque el voto por ley requiere de la presencialidad ante la urna y la secrecía del sufragio. Mientras la Constitución no cambie, el voto por Internet es imposible en Costa Rica”, dijo.

El Tribunal explicó que en Costa Rica la logística de unas elecciones presidenciales habituales cuestan alrededor de $10 millones, esa cifra se elevaría hasta los $30 millones si se quisiera hacer el voto por Internet.

Sobrado aseguró que se han hecho esfuerzos y planes piloto por llevar adelante una plataforma de voto electrónico (en urna pero por medios digitales), pero no se ha avanzado mucho por sus costos y por el ejemplo de otros países que lo implementaron y que regresaron al modelo de papel por la falta de confianza que genera.

Presupuestos

Sobrado compareció ante los diputados para defender el presupuesto del TSE en el proyecto de 2021, que dijo no alcanza el 1% del presupuesto total del Estado y que logró una rebaja de 2,4% con respecto al año anterior mediante la aplicación de las nuevas normas establecidas por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

El jerarca aseguró que, solo con la aplicación del salario único en las plazas temporales, se logró un ahorro de ₡846 millones. Los diputados, sin embargo, cuestionaron el crecimiento de plazas en la institución para el venidero curso económico.

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Sobrado dijo que se han ido regularizando 300 plazas temporales cada año de 100 en 100, pero que esto se detendrá para no generar una mayor carga al presupuesto.

Este jueves también compareció ante los legisladores la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, quien anunció un recorte de ₡87 millones en medio de la propuesta de presupuesto por ₡6.202 millones para 2021.

Crespo anunció que congelarán todas las plazas vacantes del próximo año, pero que las posibilidades de recorte en la institución son muy limitadas.

Este jueves iniciará también la discusión del tercer presupuesto extraordinario de 2020, con los jerarcas de Hacienda, Planificación y la Contralora General.