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La Defensoría de los Habitantes constató que el abuso contra los adultos mayores se mantiene en servicios que cubren comunidades como Hatillo y Alajuelita.

Ahora el problema es que las personas ante la falta de acción de las autoridades prefieren guardar silencio, y pese a que existe un marco jurídico para atender estos abusos la ley no se aplica.

En este caso el responsable de esa inacción es el Consejo de Transporte Público.

Los abusos detectados por la Defensoría van desde el maltrato de choferes al adulto mayor, hasta retención de cédulas y no garantizar el uso de asientos preferenciales.