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El Gobierno asegura que el diálogo con las familias desalojadas de Finca Chánguina, ubicada en Palmar Sur, continúa abierto.

Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia, se reunió el lunes con varios representantes de la comunidad de Chánguina, donde les entregó un documento con las soluciones a corto y mediano plazo que el Gobierno y las distintas instituciones públicas les ofrecen a las familias desalojadas.

"No hubo grandes objeciones por el fondo de la propuesta, sin embargo, la comunidad tiene algunas dudas sobre la legalidad administrativa y judicial del proceso. Yo conversé con los líderes de estas familias y el diálogo sigue abierto", explicó Sergio Alfaro.

Entre la propuesta planteada por la Presidencia destaca que el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) daría un soporte económico a las familias para el pago de alquiler de vivienda o asistencia en el caso de las que sí tienen donde vivir.

El IMAS indicó que el pasado domingo levantó un listado de todas quienes clasifican para ser objeto de estas ayudas y este martes entregó 31 beneficios.

Mientras que Casa Presidencial asegura que el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y la Universidad Nacional (UNA) trabajan en una propuesta para un proyecto productivo que permita a las familias emplearse y tener sustento económico.

- Posición de Coopalca -

Por su parte, la Cooperativa de Autogestión de Productores Agropecuarios y Servicios Múltiples del Sur R.L (Coopalca), actual propietaria de la Finca 4 arrendada por la empresa Bananera Chánguina, aclaró, mediante un comunicado de prensa, que está de acuerdo con el desalojo de las familias que invadieron el territorio.

Según indican, la propiedad les pertenece desde 1984 cuando les fue adjudicada por Mamita Yunay, luego del cese de operaciones.

Y en 1991 le arrendaron los terrenos a la empresa bananera Chánguina para manejar una finca bananera.

Coopalca sostiene que en el 2001 los trabajadores levantaron una huelga por supuesta falta de pago de salarios, la protesta se declaró ilegal y los empleados fueron despedidos.

La empresa bananera canceló lo adeudado a cada trabajador por medio del Juzgado Civil de Osa.

Sin embargo, afirman que la finca fue invadida desde entonces por terceras personas ajenas a las bananeras.