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Congreso chileno aprueba ley para financiar tratamientos médicos de alto costo

La ley fue bautizada Ricarte Soto, nombre de un reconocido periodista local quien murió de cáncer tras liderar a miles de enfermos crónicos que desde el 2014 demandaron en protestas la aprobación de esta norma.

AFP Agencia Hace 5/20/2015 5:59:00 PM

Santiago, Chile | AFP | El Congreso chileno aprobó este miércoles una inédita ley que permitirá la creación de un fondo público de tratamientos de alto costo, una norma largamente demandada por enfermos crónicos que deben pagar altas sumas por medicamentos que requieren.

La norma, enviada en enero por la presidenta Michelle Bachelet, crea "un Sistema de Protección Financiera para el Otorgamiento de aquellos Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo, tales como enfermedades oncológicas, inmunológicas y raras o poco frecuentes", según una de sus indicaciones más importantes.

El financiamiento de este sistema será anual y se incrementará de manera gradual en los próximos años. Se iniciará en diciembre de 2015 con un fondo de cerca de 50 millones de dólares y deberá llegar en 2017 a los 165 millones de dólares, según la ley aprobada.

La norma manifiesta que para considerar a un tratamiento médico de alto costo, los gastos provocados por la enfermedad deben sobrepasar el 40% de los ingresos familiares anuales promedio del enfermo, descontando previamente los gastos básicos de subsistencia.

La ley fue bautizada Ricarte Soto, nombre de un reconocido periodista local quien murió de cáncer tras liderar a miles de enfermos crónicos que desde el 2014 demandaron en protestas la aprobación de esta norma.

"Le vamos a dar dignidad a los enfermos, le vamos a devolver una mano a las necesidades que hasta ahora veíamos sobre los altos costos en las enfermedades", dijo la ministra de Salud, Carmen Castillo.

El tratamiento de males terminales o crónicas en Chile tiene elevados costos que en muchos casos deben ser pagados por los enfermos mediante créditos o hipotecas.

En Chile, el 16% de la población cuenta con un seguro privado que da acceso a una salud de punta, pero de alto costo y cuyas primas suben año a año por edad, riesgo y sexo, mientras que unas 15 millones de personas -la población total ronda los 17 millones- acceden a un servicio público con recursos insuficientes para hacer frente al exceso de demanda.