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Esta semana se llevó a cabo la audiencia pública en la que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) solicitó un aumento del 19% en las tarifas eléctricas y un 22% en el alumbrado público.

Para muchos, la solicitud sigue siendo contraria a las directrices que se giran desde Casa Presidencial, pues no habría incrementos en los primeros 18 meses de Gobierno.

Según la Defensoría de los Habitantes, el aumento en las tarifas contempla aspectos del primer semestre del 2014 y no de los de la segunda mitad del año, sobre todo aquellos rubros ligados con  la baja en los precios del combustible.

La Defensora, Montserrat Solano, califica de desproporcionada la solicitud hecha por el ICE, donde el  principal afectado será el usuario final.

Su afirmación se basa en el hecho de que los costos de producción y consecuentemente los precios de productos y materias primas se elevarían.

Además, señala  las subejecuciones de inversión que mantiene el Instituto Costarricense de Electricidad desde el 2011.

Por eso, la Defensoría planea sentarse con la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) a revisar los métodos de fijación tarifaria.

La Aresep, por su parte, tendrá un mes para evaluar las observaciones hechas en la audiencia.