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El presupuesto nacional de la República alcanzó este año la suma de 6,6 millones de millones de colones, lo que representa más o menos un millón y medio por costarricense. Unos lo ven muy alto. La mayoría, no tanto.

Lo que sí es grave es que ese presupuesto no podemos pagarlo en efectivo, y para hacerlo realidad, el Gobierno tiene que sacar su tarjeta de crédito, es decir, vivir de prestado.

El Ministerio de Hacienda tendrá que endeudarse en una suma similar al 42% del presupuesto nacional, es decir, en casi tres millones de millones de colones. Es casi un colón prestado por cada dos gastados. Es muy posible que en pocos años esa deuda llegue al 52% de lo gastado.

Esa deuda demanda el pago de intereses, que hasta ahora han estado particularmente bajos. Pero ya empieza a sentirse un aumento y la tendencia será al alza.

El país tenía un nivel razonable de endeudamiento en el 2009, pero a partir de entonces los gastos se dispararon.

Primero, para hacerle frente a la crisis del 2008, el Gobierno contrató a grandes cantidades de empleados. En siete años pasó de 106.535 funcionarios a 128.000, es decir, se incrementó en un 25%.

El empleo privado tuvo menos suerte. El número total de estos empleados aumentó apenas en un 9,2%.

Este derroche no fue solo en planillas ordinarias, sino también en horas extras. En el 2007, el Estado pagó 2.953 millones de colones por este rubro. La cifra fue creciendo hasta 7.632 millones de colones el año pasado, y 10.263 millones presupuestados para este año.

El pago a esos empleados se llevaba en el 2006 el 26% de todos los gastos del gobierno, uno de cada cuatro colones. Hoy día se lleva el 32,5%, uno de cada tres. En su conjunto, representa casi un 60% de todos los ingresos del Gobierno.

Recientemente, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) denunció que 100 médicos reciben en su conjunto un salario mensual de 13.500 millones de colones, es decir, 13 millones cada uno.

Los empleados del Estado están hundidos en un mar de convenciones colectivas, pluses, amarres, garantías, que terminan en una gran desigualdad entre ellos mismos y de ellos respecto del resto de trabajadores.

El Partido Unidad Social Cristiana ha planteado un proyecto de ley para impedir que los salarios que sean 18 veces mayores que el mínimo crezcan, así, las remuneraciones se estacionarían en unos 4,8 millones de colones.

La mayoría coincide además en que hay que modificar el sistema de pluses y convertirlo en un sistema de evaluación de servicio y pago por calidad.

El Gobierno se propone congelar 2.500 plazas vacantes, con lo que espera ahorrarse 24.000 millones de colones.