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Geovanny Durán Gamboa, Marlon Barrozo Jiménez y Rodrigo Rampón Steller Jiménez, fueron asesinados el 1 de agosto del 2012 en una finca de Vanegas de Osa, aparentemente cuando negociaban 8 kilos de cocaína que se encontró un funcionario del Ministerio del Ambiente.

Las dos personas acusadas por ese crimen son el colombiano Edilson González Pérez y el panameño Luis Carlos Martínez Ríos.

Ambos fueron absueltos por certeza la semana anterior por el Tribunal de Juicio de Osa, donde además se ordenó enviar el caso a la inspección fiscal debido a supuestas anomalías en la investigación. La acusación la firman los fiscales de Osa Johanna Villarevia Umaña y Sergio Gutiérrez Quirós.

Edilson González es un colombiano refugiado en nuestro país, quien asegura huyó por amenazas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y que fue uno de los que el tribunal de juicio declaró inocente.

Según el expediente del caso, uno de los sobrevivientes del crimen y principal testigo de la Fiscalía nunca pudo identificar físicamente a los sospechosos.

Todo a pesar de que la acusación la Fiscalía asegura que ese testigo de apellidos Morales Morales podría acreditar la presencia de ambos acusados en el sitio del crimen.

Otra de las pruebas con las que cuenta la Fiscalía es un video de seguridad de la estación de servicio de Chacarita, en Piedras Blancas de Osa.

Según la acusación, en ese sitio se reunieron los dos sospechosos con dos de las víctimas. De hecho, el vehículo de color oscuro sería el mismo que fue visto por un testigo en el sitio donde ocurrió el triple homicidio.

Sin embargo, en el video no es posible determinar que ellos sean los dos sospechosos, de hecho así lo hicieron ver los jueces que absolvieron.

Se observa cómo se bajan dos de las víctimas del carro blanco que ingresan a la soda Oasis, y posteriormente llega otro vehículo del que se baja una persona, la cual no fue reconocida por el propietario de esa soda como uno de los dos acusados.

Ese video fue captado a eso de las 11 de la mañana, unas tres horas antes del crimen, el cual habría ocurrido a las 2 de la tarde, según la acusación.

La falta de pruebas contra ambos acusados provocó que tres jueces de la República los declararan inocentes y ordenaran un estudio en torno a los dos fiscales que participaron de la investigación.

Según los jueces, al momento en que eran ejecutadas las víctimas, uno de los acusados utilizó su celular a más de 40 kilómetros del sitio del crimen.