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Jessica Quesada

La Ley de Protección al Trabajador, en el 2000, estableció que las instituciones del Estado, le dieran un 15% de sus utilidades al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, la Caja del Seguro Social (CCSS).

Eso no pasó durante los últimos tres gobiernos, lo que equivale a unos 359 mil millones de colones.

La diputada Yolanda Acuña, denunció las irregularidades ante el Ministerio Público. Y asegura que miles de pacientes tendrían mejores condiciones de atención médica si los gobiernos dejaran de lado sus intereses particulares.

En la denuncia, la legisladora señala a los posibles responsables. Todos ellos habrían incumplido con sus deberes, pues crearon comisiones, pero nunca firmaron un decreto para poder hacer efectiva la ley.

Tras varias instancias ante la Contraloría, la actual administración firmó un decreto y en adelante, la contribución de están instituciones será gradual, empezando con un 5%.