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El viernes anterior, la Sala Constitucional hizo un llamado de atención al Ministerio Público y al OIJ para declarar como inconstitucionales los registros telefónicos a periodistas.

El recurso fue interpuesto por Grupo Extra en defensa de Manuel Estrada, un periodista al que se le revisaron sus llamadas telefónicas con la agente judicial, Gabriela Fonseca, a la que el Ministerio Público investiga.

Ella se encuentra suspendida de su cargo desde hace poco más de tres meses con goce de salario, como medida cautelar interpuesta por un Juzgado Penal.

A raíz de la decisión de los magistrados, el Ministerio Público solicitó que se le quitaran las medidas cautelares a Fonseca, como parte de lo ordenado por la Sala.

La investigadora se mantiene en su casa de habitación, esperando la decisión del juzgado con respecto a la nueva solicitud de la Fiscalía.