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La Junta Directiva del Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER) antiguo Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), resolvió apartarse de nuevo del criterio técnico de la Comisión calificadora de fincas.

Además decidió comprar otras siete propiedades con sus respectivos planos, las cuales están unidas en la localidad de Zapote de Puerto Viejo de Sarapiquí; Pago por 166 hectáreas ¢104.400.00.

Pero los miembros de la Comisión recomendaron comprar solo seis propiedades; una de 35 hectáreas dijo no comprarla porque la finca ofrecida tiene unas 26,6 hectáreas de bosque primario que no se puede utilizar para proyectos agropecuarios. Y existe un informe del Ing, Warner Porras, del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) de la zona donde menciona la situación.

El costo final fue de ¢201.320.000.

Al final la Junta Directiva acordó comprar todas las fincas incluida una con bosque primario. Para ello se basó en un informe del director del MINAET de Sarapiquí, quien dijo que en la imagen del satélite se pasa como bosque porque hay muchas copas de árboles, pero en la realidad, es un repasto con árboles muy grandes y el bosque ya estaba intervenido.

Pero hay contradicciones en lo manifestado por el MINAET.

Además, un informe de un asesor jurídico de la Junta Directiva, dijo que la oferta era de todos los terrenos, o sea, no era una oferta fraccionada. De igual forma, señaló que en consecuencia viendo la totalidad de las fincas, el bosque ya no era un 26.6% de las fincas en mención sino un 15% del total de todas las propiedades compradas y se ajustaba al reglamento sobre fincas con bosque.

Pero la fiscalía intervino aquí, porque se denuncia beneficios laborales en favor, entre otros, de tres directores de la institución como Carlos Garcia, director jurídico; Carlos Morales, director de planificación y Agustín Villalobos, director agrario pensionado.

Ellos desde el  2005, se acogieron por decisión de la administración a la prohibición para ejercer profesiones liberales, y por ellos se les paga  65% más en su salario; por este concepto se les ha pagado a los tres más de ¢150.000.000.

Pero de acuerdo al artículo 14, de la Ley Anticorrupción, ellos no deberían gozar de ese beneficio porque sus puestos no están incluidos dentro de la lista taxativa, la que indica quienes son sujetos al beneficio de ese porcentaje de salario por motivos de prohibición.

El mismo artículo, dice quiénes son sujetos a este beneficio y se indica que son los directores de los departamentos de proveeduría, pero la administración de entonces concluyó que la ley habla de todos los directores, lo cual según la auditoria y otros pronunciamientos, eso no es así.  

Sin embargo, con base a interpretaciones administrativas y a una investigación legal interna, se determina que sí podían obtener dicho beneficio porque se consideró que el puesto era de alto interés público. Y por ello se han pagado más de ¢150.000.000 a estos funcionarios.

El auditor menciona que desde hace años han manifestado que esos pagos por prohibición no se ajustan al artículo 14 de la ley sobre la prohibición, y enviaron notas a la administración pero no han hecho caso.

Incluso el presidente ejecutivo actual, había enviado una consulta sobre el tema a la Contraloría pero luego la retiró; y la asesoría jurídica dijo que eso era cosa juzgada administrativa, un término que no cabe en estos casos.

Estos y otros cuatro casos están siendo indagados por la fiscalía, es lo que motivo el allanamiento INDER y no se descartan más acciones para determinar si lo que sucede con estos casos, están apegados a la legalidad.