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En su afán para que la fertilización in vitro se aplique en el país, las familias afectadas acuden nuevamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Las 39 parejas afectadas por medio de su representante legal solicitan a la Corte una audiencia.

El objetivo es que en dicha diligencia se autorice una medida cautelar que los beneficie en dos líneas. La primera es que ordene la fecundación in vitro en clínicas privadas.

Para tal fin, se utilizaría el marco legal que se aplicó hasta el año 2000, cuando la Sala Constitucional inhabilitó la técnica en el país.

El otro punto a solicitar es un plazo de seis meses para que la Caja ponga en marcha el procedimiento en sus centros médicos.

El Ministerio de Salud sería el encargado de fiscalizar los procedimientos en centros médicos privados.

Además, en la audiencia se le pediría cuentas al Estado por la no ejecución de una sentencia que tiene más de un año y que ordena reactivar la fecundación in vitro en el país.

Inclusive, en el pasado representantes de las familias afectadas solicitaron sanciones para el país por no cumplir con la sentencia.

El Estado y la Caja alegan para no aplicar la técnica que la falta de un marco legal impide la técnica en el país.

La responsabilidad de aprobar ese marco legal corresponde al Congreso, donde la iniciativa está estancada.