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Según el Ministerio de Seguridad Pública, 1.200 empresas que se encargan de brindar seguridad a las compañías, no cumplen con los requisitos establecidos por ley para funcionar.

Muchas de estas compañías adeudan a la Caja Costarricense del Seguro Social, millones de colones en cuotas atrasadas y a su vez ofrecen servicios por debajo de lo que fija el mercado, lo que perjudica a otras empresas del sector.

Ante esta situación, empleados denunciaron a la empresa VMA, porque afirman que las condiciones en las que trabajan son deplorables.

Sin embargo, representantes de esa empresa afirman que las condiciones que ellos brindan son las mejores, con salarios superiores al mínimo.

Agregan que los contratos con empresas como el Banco Popular están en orden ante la ley.

El Ministerio de Seguridad Pública afirma que no renovará las la licencias de funcionamiento a aquellas empresas que estén atrasadas con la Caja.