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El lunes 21 de enero del 2013, el Banco Nacional de Santa Teresa de Cóbano, en Puntarenas, se percató de un faltante de dinero en la oficina.

Los empleados al llegar como de costumbre al trabajo observaron que algo había pasado.

Alrededor de 350 millones de colones habían sido sustraídos de la caja fuerte que se mantenía en la entidad.

La policía de inmediato inició la investigación y con la búsqueda del hombre que en ese momento se convertía en el principal sospechosos de robar el dinero.

Se trataba de Juan Carlos Quesada, de 43 años, el gerente de esa sucursal quien fue captado por las cámaras de seguridad el sábado 19 de enero cuando sustraía el millonario monto.

Los familiares interpusieron una denuncia asegurando que el gerente se había sido secuestrado.

El 24 de enero, Quesada se entregó en la Fiscalía de Puntarenas. El gerente llegó a eso de las 4:30 p.m. en compañía de sus dos abogados.

Posterior a su llegada, fue esposado y trasladado de inmediato a una de las celdas del OIJ en Puntarenas, para horas después ser interrogado por la Fiscalía.

Los defensores del sospechoso afirmaron que el dinero sustraído del Banco Nacional, Quesada lo entregó a unas personas que supuestamente lo amenazaban de muerte.

Sin embargo, esto se investiga, ya que otras versiones indican que el hombre tenía deudas importantes de dinero.

Días después de su detención, Juan Carlos Quesada ingresó a la cárcel tras descontar tres meses de prisión preventiva, semanas después quedó en libertad y trabajó durante ese periodo un restaurante en Liberia.

El 14 de mayo, el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de Goicoechea le interpuso dos meses de prisión preventiva más.

Actualmente, permanece preso, pero este lunes se sentará en el banquillo de los acusados, donde será interrogado por los jueces Hugo Porter Aguilar, presidente del tribunal, Érika Calvo Navas y Gabriela Albán Zúñiga.

El juicio en contra del exgerente iniciará a las 8:00 a.m. en el Tribunal Penal de Hacienda

20 serán los testigos en este caso, de ellos dieciséis rendirán su declaración a través del sistema de videoconferencia desde Puntarenas; esto con el fin de evitar el traslado de estas personas hasta San José.