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Presidenta firmó ley para la prevención de la tortura en cárceles

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura ya venía funcionando desde hace unos años con un equipo adscrito a la Defensoría de los Habitantes.

Agencia EFE Hace 2/18/2014 5:45:00 PM

San José, 18 feb (EFE).- La presidenta, Laura Chinchilla, firmó hoy una ley que crea legalmente un mecanismo nacional para la prevención de la tortura en centros penales, el cual estará adscrito a la Defensoría de los Habitantes.

"Esta es una más de las muchas acciones que en materia de derechos humanos destaca a Costa Rica en el plano internacional y esperamos que otros países también se unan, porque no es con torturas, tratos o penas crueles que se logra enfrentar con efectividad la criminalidad", manifestó la presidenta en una rueda de prensa.

Este mecanismo dependerá administrativamente de la Defensoría de los Habitantes y actuará con independencia de las autoridades del Estado, con el fin de verificar que los derechos humanos de los privados de libertad se respeten.

Entre sus obligaciones se encuentran examinar periódicamente el trato que reciben los privados de libertad y hacer recomendaciones a las autoridades, entre otras.

El Estado, por su parte, deberá proporcionarle al mecanismo el acceso a la información a los centros de aprehensión, detención y privación de libertad de todo el país.

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura ya venía funcionando desde hace unos años con un equipo adscrito a la Defensoría de los Habitantes, el cual hoy ha logrado un rango de ley tras la firma de Chinchilla.

Este equipo ha denunciado en los últimos años el hacinamiento en los centros penitenciarios de Costa Rica y otros problemas que atentan contra la dignidad humana de los presos.

En los últimos años el exceso de población carcelaria ha venido en aumento en este país. Para 2008 fue de un 1 %, en 2009 del 9,8 %, en 2010 del 23,4 %, en 2011 del 28,1 %, en 2012 del 31,8 % y en 2013 del 36 %.

La ministra de Justicia, Ana Isabel Garita, destacó hoy que es "necesaria y oportuna la existencia de controles jurídicos y políticos a través de organismos especializados en lo que respecta al sistema penitenciario y en materia de derechos humanos".

"Con esta nueva ley, nuestro país cumple con las obligaciones del protocolo Facultativo (de la Convención contra la Tortura) y con las recomendaciones del subcomité de Naciones Unidas para la prevención de la tortura y nuevamente se sitúa en una posición de liderazgo y vanguardia en América latina", expresó Garita.

El Protocolo Facultativo entró en vigor en 2006 y actualmente 55 Estados de todo el mundo lo han ratificado, según información de la Casa Presidencial.