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Este miércoles el abogado de las familias afectadas entregó una petición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica.

La razón es que paso un año desde que ese órgano ordenó que la fecundación in vitro se habilitara en el país y a la fecha es poco lo que ha pasado.

Los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo no cumplieron y ahora Costa Rica se expone a sanciones internacionales.

En el caso del Poder Legislativo, los diputados tienen en sus manos el proyecto para regular la actividad.

El texto estaba en primer lugar de la agenda al final del 2013 pero al no aprobarse ahora espera turno en el lugar 16.

Además en el Ministerio Público se mantiene bajo investigación el tema a raíz de una denuncia penal contra los 57 diputados por no legislar sobre el tema.

Esta semana la Sala IV rechazó un recurso que buscaba la ejecución de la sentencia y mand el caso a un tribunal contencioso.

Por su parte el abogado de las familias afectadas señala que pasarán al menos seis meses para que el organismo internacional emita eventuales sanciones.