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Boris Molina, el abogado de las familias afectadas por la no aplicación de la fertilización in vitro en el país, entregó una solicitud de sanciones contra el Gobierno en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Pasó un año desde que ese órgano ordenó que la fecundación in vitro se habilitara en el país y en todo ese tiempo nada pasó.

Los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo no cumplieron y ahora Costa Rica se expone a sanciones internacionales.

El documento luego de los alegatos señala:

"Con base a todo lo expuesto, lo único que nos queda es solicitarle a esta honorable y distinguida Corte de Derechos Humanos que por favor y a la mayor brevedad, propicie las acciones en contra del estado de Costa Rica por el incumplimiento de la sentencia de la CIDH, emitiendo una sentencia de incumplimiento y enviando el expediente correspondiente a la asamblea de la Organización de Estados Americanos para que valoren allí las máximas sanciones posibles en contra del estado de Costa Rica”.

Esta semana, la Sala IV rechazó un recurso que buscaba la ejecución de la sentencia y mandó el caso a un Tribunal Contencioso.

Además, en el campo legislativo, los diputados enviaron hasta el lugar 16 de su agenda, un expediente que a finales del año anterior estaba de primero.

También en el Ministerio Público se mantiene bajo investigación el tema a raíz de una denuncia penal contra los 57 diputados por no legislar sobre el tema.

Molina señala que pasarán al menos 6 meses para que el organismo internacional emita las sanciones.