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Corte chilena rechaza demanda contra el Estado por matanza en embajada en Costa Rica

En el hecho también fueron asesinados los funcionarios chilenos Roberto Nieto y Rocío Sariego

Por AFP Agencia |26 de diciembre de 2013, 8:55 AM

SANTIAGO, 26 diciembre 2013 (AFP) - La Corte Suprema de Chile rechazó una demanda contra el Estado por la matanza ocurrida en la embajada chilena en Costa Rica en 2004, que había sido presentada por la familia de una de las tres víctimas del hecho, informó este jueves el Poder Judicial.

El máximo tribunal chileno rechazó un recurso de casación (nulidad) de un fallo anterior que desestimaba la demanda en la que se exigía al Estado una indemnización económica de unos cinco millones de dólares por la muerte del cónsul Christián Yuseff, asesinado a tiros por José Jiménez, guardia de seguridad costarricense de la embajada, el 27 de julio de 2004.

En el hecho también fueron asesinados los funcionarios chilenos Roberto Nieto y Rocío Sariego, y otros siete empleados fueron tomados como rehenes durante seis horas. Luego del suceso, el guardia se suicidó.

"Los jueces de la instancia (anterior) no han incurrido en los errores de derecho que se les atribuyen en el recurso, de tal suerte que la casación en el fondo intentada debe ser declarada sin lugar", indicó el fallo de la Corte Suprema emitido en noviembre pasado y dado a conocer este jueves por el Poder Judicial.

La demanda alegaba que los organismos de seguridad de la embajada actuaron de forma "tardía" o "imperfecta", y que no siguieron "el manual de seguridad", ya que se permitió a Jiménez permanecer armado en una zona circunscrita sólo a funcionarios chilenos.

La Corte indicó que la acción de Jiménez fue "un hecho excepcional y sorpresivo", y que era "lógico" que un guardia estuviera armado para evitar cualquier ataque a la sede diplomática, por lo que determinó que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile no pudo hacer nada para evitar el hecho.

La familia de Yuseff no descartó llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Después de la matanza, el gobierno de Costa Rica indemnizó a la familias de las víctimas y la embajada chilena se trasladó a otro edificio.