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Luego de la segunda participación de la delegación costarricense en la ronda de audiencias en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el litigio con Nicaragua suma un paso más, que para el ministro de exteriores Enrique Castillo, es favorable.

Este miércoles, le correspondió el turno a Costa Rica. James Crawford, asesor del equipo legal, consideró imposible de creer que el Gobierno nicaragüense ignorara lo que sucedía en el río San Juan e incluso en el territorio costarricense de Isla Portillos.

“Estos caños nuevos son claramente el resultado de una planificación cuidadosa, lo cual es evidente por su diseño”, dijo, al tiempo que agregó que Nicaragua "no está incumpliendo, ni pretende incumplir ninguna orden de la Corte".

El reclamo de Crawford es replicado por Castillo, quien enfatiza en que “a Nicaragua no le creemos nada después de que han actuado de tan mala fe desde el 2011. El discurso de que se retiraron del lugar es el mismo que usaron cuando la Corte dio las primeras medidas”.

Este miércoles, Costa Rica aportó prueba documental de la invasión nicaragüense, así como de la construcción de los dos canales en tierras costarricenses. El canciller Castillo dijo a Teletica.com que incluso presentaron imágenes recientes del 5 de octubre, en las que se comprueba que “seguían ahí con personal y herramientas y estaban perforando la laya”.

“No pueden eludir la responsabilidad del estado echándole la culpa a Edén Pastora. Él es un funcionario del gobierno. No se les puede creer que no sabían lo que se estaba haciendo”, dijo el encargado de la política exterior costarricense.

Costa Rica, que pidió esta nueva ronda de audiencias, solicita que se ordene a Nicaragua alejarse de la zona de Isla Portillos y abstenerse de mantener personas ahí. Además, pide que se le permita al país hacer trabajos de reparación del daño causado por los trabajos nicaragüenses.

Para Enrique Castillo, no solo se ha logrado aventajar a Nicaragua desde el punto de vista “moral y ético”, “jurídicamente también está ganado” el caso, pues reconoce como trascendental que el gobierno de Managua haya reconocido que estuvieron violando las medidas de la Corte Internacional de Justicia.