¿En qué consiste el "Caso Cochinilla"?

Costa Rica despertó este lunes con una noticia que sacudió la confianza de los habitantes y empezó a escribir un nuevo capítulo en la historia de escándalos en la función pública.

Normalmente estos casos son complejos de comprender, por eso en esta nota planteamos los elementos básicos para entenderlo.

Allanamientos tempraneros

Decenas de policías vestidos de negro ingresaron a casas de habitación, empresas privadas dedicadas a la construcción, entidades públicas y hasta a la misma Casa Presidencial. Su labor fue realizar una serie de allanamientos como parte de una megaoperación denominada "Caso Cochinilla".

Lo que se investiga es sí desde las empresas privadas pagaron dinero, entregaron carros, terrenos o facilitaron favores de tipo sexual a cambio de recibir de parte de funcionarios públicos un trato especial que les diera ventaja sobre su competencia.

Según la policía, el trato habría sido que recursos que eran destinados a algunas obras en particular se desviaran para ser utilizados en otros proyectos.

Así las cosas, siempre habría dinero para iniciar o continuar con esos proyectos beneficiados. 

Esto provocaría que las obras que originalmente recibirían esos recursos se estancaran o nunca comenzaran. Además, implicaría que, al final, todo resultara más caro para los contribuyentes.

Es por eso que se indicó que lo que se investiga es la posible comisión de delitos como peculado, malversación o cohecho, entre otros.

En otras palabras, se investiga si se desviaron dineros para sus fines originales y si esto fue realizado a cambio de recibir dádivas.

El caso fue denominado policialmente como "Cochinilla", pues hace referencia a un pequeño insecto que, poco a poco, succiona la savia de algunas plantas y que no son detectados a simple vista.

​Según trascendió, hubo intervenciones telefónicas realizadas por una unidad anticorrupción de la policía judicial.

La orden de allanamiento, de la cual este medio tiene copia, señala que estas intervenciones fueron autorizadas desde el 22 de noviembre de 2019 y, tras varias prórrogas, se extendió hasta el 19 de junio de 2020.

​Ha habido personas detenidas, entre ellas los altos mandos de dos importantes empresas constructoras, así como varios funcionarios públicos.

Además, hay otras personas que no están detenidas pero sí son investigadas, como por ejemplo Camilo Saldarriaga, ahora exasesor del presidente y uno de sus hombres de confianza desde que Alvarado tiene importantes cargos en la función pública.

Él renunció horas después de iniciados los allanamientos y dijo estar con la conciencia tranquila pues no ha cometido ningún delito.

​¿Qué sigue ahora?

El Ministerio Público tiene que indagar a las personas detenidas o investigadas y, posteriormente, valorará si solicita al juzgado penal prisiones preventivas o medidas cautelares menos graves.

El juzgado tendrá que sopesar las pruebas aportadas por la fiscalía y escuchar los argumentos de la defensa de los investigados para valorar que decisión tomar. Esto podría resolverse avanzada la semana.