Costa Rica tendrá su propia agencia espacial

Con el voto afirmativo de 35 diputados, este jueves se aprobó en segundo debate el expediente 21.330, que da luz verde a la Agencia Espacial Costarricense.

El proyecto, de la diputada liberacionista Aida Montiel, propone crear un ente público no estatal con una inversión inicial que permitirá lograr, en el corto plazo, la autosuficiencia.

Este tendrá como fin incentivar el desarrollo del área aeroespacial en el país como entidad científica y tecnológica con criterio eminentemente técnico.

“Costa Rica no cuenta con una contraparte para poder hacer convenios de alto impacto con agencias de países amigos, como la NASA, las agencias espaciales europea, japonesa o coreana, por mencionar solo algunas, con las que se podría tener alianzas estratégicas para beneficio del país”, dijo la legisladora luego del primer debate esta semana.

Sin embargo, posterior a esa votación, salió a la luz la posición de la Contraloría General sobre el proyecto, que cuestionó esa autosuficiencia y el impacto económico que esta tendrá en las finanzas públicas.

“No hay duda de que todo esto cuesta dinero. Soy consciente de la situación que atraviesa en este momento Costa Rica. El presupuesto inicial que tendrá la Agencia Espacial Costarricense durante los próximos cinco años será de un 0.4% del superávit no comprometido de las instituciones no financieras del Estado. 

“Esto será solo un aporte inicial, ya que la Agencia deberá invertir en instalaciones de plantas y laboratorios; y dirigir o contratar servicios profesionales o por contrato. Luego se va financiar de la venta de servicios a empresas y por donaciones que harán gobiernos y otros organismos internacionales. Pero debemos ser visionarios, porque no sabemos todos los beneficios que nos aguardan”, respondió Montiel ante los cuestionamientos.

La diputada defendió que en el último año el sector espacial movió $800 mil millones.

La propuesta encontró respaldo de la ministra de Ciencia y Tecnología, quien manifestó que una vez que entre en vigencia la ley, el 2021 será para establecer y definir los reglamentos para poner en operación este ente y el año 2022 se podrá definir el monto real de los aportes que tendrán que hacer las instituciones no financieras del Estado.

Más gasto

Este jueves también se aprobó una nueva emisión de deuda por ₡21.300 millones para revertir los recortes en los ministerios de Seguridad, Justicia y Gobernación.

La decisión fue recogida en el segundo presupuesto extraordinario de este 2021, que se votó hoy en definitiva.

Las tres carteras habían sido objeto de rebajas en el presupuesto ordinario de 2021, en partidas que según sus jerarcas amenazaban aspectos básicos de su operación, como por ejemplo el pago de servicios públicos.

La ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar, defendió que, en materia de su ministerio, los ₡5.750 millones que pedían permitirán atender elementos básicos como pago de electricidad, agua y alcantarillado, alquileres y telecomunicaciones.

Ahí también se incluye una partida para el polémico contrato de tobilleras que la institución defiende extender.

Esa decisión despertó críticas en el Plenario, como por ejemplo la del socialcristiano Pablo Heriberto Abarca, quien calificó como inconstitucional la solicitud de Justicia.

Michael Soto, al frente de Seguridad y Gobierno, insistió por su parte que los ₡15.500 millones restantes son indispensables para cubrir necesidades tan básicas como la compra de chalecos, armas y botas para los diferentes cuerpos policiales.