CCSS no negoció garantías ni sanciones en cuestionados contratos de mascarillas
Ólger Sánchez, auditor interno de la institución, señaló que esa fue una de las principales anomalías detectadas en la investigación.
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no negoció garantías de cumplimiento ni sanciones penales en los millonarios contratos de compra de mascarillas que ahora son investigados.
Así lo reveló este jueves ante los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público el auditor interno de la Caja, Ólger Sánchez, quien aseguró que ese fue uno de los principales hallazgos en la investigación que realiza la institución.
Sánchez se refirió específicamente a los contratos firmados con la empresaria Miren Martínez y el contador David Landergren para la compra de 12 millones de mascarillas por un monto de $4 millones.
Eso significa que la CCSS no podría reclamar a los adjudicatorios por los incumplimientos contractuales, sino únicamente no pagarles.
El auditor señaló que, además de estos problemas, también se detectaron la entrega de mascarillas no médicas, la aprobación de documentos en idioma extranjero y la falta de experiencia de algunos proveedores que afectaron la entrega de insumos en los plazos acordados, algo no permitido para la urgencia y materia que caracteriza a la institución.
Sánchez explicó que hubo anomalías en casi todas las etapas de la negociación, pues no solo se falló en la aceptación y aprobación de esos contratos, sino además en la recepción de los materiales.
“Ese equipo médico no se debió haber recibido y posteriormente tampoco se debió haber distribuido a los centros hospitalarios porque son pensados para proteger la vida de los funcionarios”, aseguró.
Cuestionamientos
El auditor también reveló que la creación de la comisión técnica que analizó la compra de esos insumos médicos fue irregular, en el tanto en que llegó a cumplir funciones que ya estaban cubiertas por la institución.
“Las comisiones técnicas juegan un papel fundamental en la institución y cumplen un manejo específico técnico imprescindible (…) Con eso dicho para mí se debió acudir a la comisión que ya existía y recurrir al personal de experiencia que ya existía”, dijo.
Sánchez fue más allá y aseguró que desde que se recibieron documentos en otro idioma la obligación de la comisión era rechazar la oferta y que ese y los demás errores detectados generan dudas y que “en una sana administración y un buen gobierno” debió haberse detenido el proceso de inmediato.
El funcionario también aceptó que dentro de la investigación se logró confirmar que Martínez y Landergren fueron invitados a participar en el concurso, pero dijo que por respeto a la investigación no podía precisar por quién o cómo.
También precisó que en la investigación, que ya está en el Ministerio Público y a nivel administrativo, no se puede descartar que hayan involucrados funcionarios de mayor rango dentro de la CCSS.
“No puedo descartar que existan otros funcionarios de mayor rango, porque pueden existir elementos que trascienden las competencias de la auditoría, por ejemplo a nivel de cuentas bancarias o comunicaciones privadas”, dijo.
Dijo además que actualmente hay cinco contratos con procesos administrativos y penales abiertos por compra de equipo médico como parte de la pandemia del COVID-19 y otros 48 contratos en investigación.
Hasta ahora por estos casos la CCSS ha separado de sus cargos a cinco funcionarios, incluido el gerente de logística Luis Fernando Porras.
Sánchez dijo que, para él, todos ellos deberían estar en funciones donde no tengan nada que ver con temas de compras.
“No estoy de acuerdo en que la decisión se adopte (de traslados a funciones similares), incluso he valorado preparar un oficio de advertencia porque considero que esos funcionarios podrían estar en otras actividades que no sean compras”, aseveró.
También dijo que la decisión de despedirlos no pasa por auditoría y que eso solo podrá ser un resultado de las investigaciones planteadas en la vía administrativa.
El diputado de Liberación Nacional, Carlos Ricardo Benavides, solicitó una nueva comparecencia de Sánchez pero esta vez de carácter privado para que pueda referirse con mayor amplitud a los hallazgos del proceso de auditoría.