Sospechosos de extracción ilegal de oro no podrán salir del país

El Juzgado Penal de San José dictó medidas cautelares contra 14 personas sospechosas de exportar y extraer oro de manera ilegal en Crucitas y Corcovado.

En total, por este caso se había detenido a 26 personas la semana anterior, luego de 32 allanamientos realizados en distintas partes del país; sin embargo, 12 de los involucrados quedaron en libertad y sin medidas cautelares.

La Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Emergentes informó que la audiencia por este caso finalizó el sábado por la tarde. Contra 14 involucrados se dictaron las siguientes medidas cautelares: impedimento de salida del país, entrega del pasaporte, firmar cada 15 días, no comercializar oro y no acercarse a Crucitas ni a Abangares.

Además, a cinco de los imputados se les impuso, de manera adicional, el depósito de una caución de $15.000 (a cada uno) con un plazo de 72 horas para hacer dicho depósito.

“La Fiscalía había solicitado prisión preventiva para los imputados Lanzoni Vindas y Santos Soto, la cual no se dio, por lo que apeló la resolución en los casos particulares de estos dos sospechosos”, señaló el Ministerio Público.

Lanzoni Vindas es el dueño de una empresa dedicada (en su falso giro comercial, según la Fiscalía) a la compra y venta de oro chatarra para encubrir la legitimación de capitales por la adquisición del oro proveniente de Crucitas, Las Juntas de Abangares y del Parque Nacional Corcovado. Para borrar el rastro, fundían el oro en lingotes.

También se presume que se encargaba de asesorar a la organización delictiva, para que sus miembros crearan empresas o sociedades de fachada.   

Santos Soto es dueño de otra sociedad, cuyo falso giro comercial indicaba dedicarse a la compra y venta de oro chatarra, pero en realidad se dedicaba a la adquisición y compra de oro proveniente de Crucitas, indica la Fiscalía. 

Este oro era posteriormente exportado en forma de lingotes, a través del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría hacia Estado Unidos.  

​La información recabada por la Policía Judicial reveló que, desde el mes de junio de 2018 y antes del inicio de la pandemia por COVID-19, se exportó hacia los Estados Unidos un aproximado a los 2.500 kilos de oro, cuyo valor monetario ronda los 60 millones de dólares o más.

Las investigaciones por este caso iniciaron en el mes de abril de 2019 y en la misma participaron agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de San Carlos y Los Chiles, así como del Ministerio Público.