Diputados analizarán destitución de Defensora de los Habitantes

El presidente del Congreso, Eduardo Cruickshank, ordenó este lunes la creación de una comisión para investigar el actuar de la defensora de los habitantes, Catalina Crespo, y analizar su posible destitución.

La decisión llega luego de que la semana anterior un grupo de más de 80 trabajadores de esa institución, incluidos todos sus directores, solicitaran al presidente del directorio su intervención en la guerra declarada que existe entre Crespo y un sector importante de la Defensoría.

Cruickshank había consultado el martes anterior al departamento de Servicios Técnicos si era una potestad suya la creación de esa comisión o si debía pasar por la valoración del Plenario, esto porque el reglamento exige como causales de esa decisión una negligencia notoria o violación evidente al ordenamiento jurídico por parte del jerarca de turno.

“El día de ayer (domingo) Servicios Técnicos me hizo llegar la respuesta y me han indicado que es resorte exclusivo de esta presidencia el conformar esa comisión para entrar a conocer esas observaciones y que no es algo optativo, sino vinculante”, dijo el legislador.

De esta forma, la comisión se creará en las próximas horas con la presencia de siete diputados de las diferentes fracciones y respetando los principios de proporcionalidad de la Asamblea.

Estará garantizada la presencia de legisladores de las principales bancadas.

“La idea es integrarla lo más pronto posible y tendrá un plazo perentorio de 15 días para rendir el informe, una vez con el informe se someterá a discusión al Plenario y este es el que decidirá si la señora Defensora incurrió o no en alguno de los hechos que se le indilgan y si deberá entonces ser destituida” dijo Cruickshank.

A Crespo se le cuestiona el manejo autoritario que según los directores de la Defensoría ha tenido de la institución, al punto que la semana anterior cambió los estatus de la institución para eliminar las funciones asesoras y de control del Consejo Director y elegir en este a las personas que ella decida.

Esta decisión, calificada como una “conducta dictatorial” por parte de los directores, fue la que motivó esa carta enviada a los diputados la semana anterior.

A la Defensora también se le ha cuestionado el manejo que hizo de la investigación por el caso UPAD y la pérdida del audio de la entrevista que tuvo con el presidente Carlos Alvarado por este caso.

Todo esto propició la solicitud de renuncia por parte de un amplio sector de los diputados y además de un grupo significativo de funcionarios de la Defensoría, incluido el propio Consejo Director.

Se solicitó una reacción por parte de Catalina Crespo sobre la decisión, sin embargo indicó, mediante su departamento de prensa, que no ha sido notificada y por lo tanto no se referiría al tema.

Más tarde, mediante un comunicado de prensa, criticó la decisión y aseguró que esta debió haber sido aprobada por el Plenario y no solo el presidente legislativo.

“La independencia funcional significa la posibilidad de ejercicio de la competencia sin interferencias del órgano al cual pertenece. Independencia de criterio que faculta para resolver sin sujeción a instrucciones, direcciones u órdenes emanadas del superior; es decir, la actuación de la Defensoría está fundada en la valoración que ella misma haga y no en la apreciación de la Asamblea Legislativa", citó el comunicado.

"La Defensora señaló que la Ley de la Defensoría exige que la Comisión Legislativa que
pretende analizar su caso debió haber sido aprobada por el plenario legislativo conforme lo exige la Ley 7319. Por lo que espera que el proceso legislativo respete el derecho vigente y que el Señor Presidente de la Asamblea atienda las normas de protección que rigen y aplican para los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en el Mundo", añadió la misiva.