Gobierno no contempló impacto a CCSS en recorte de jornadas laborales
Diputados también cuestionaron que, al no tener ellos jornada establecida, no estarían sujetos a esa reducción ni tampoco los jerarcas del Estado.
La propuesta de reducir la jornada laboral de 35 mil funcionarios públicos en un 15%, para disminuir el gasto del Gobierno, no contempló el impacto que esa decisión tendría en las finanzas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y otras entidades que dependen de esos traslados, como por ejemplo, el Fodesaf.
Si bien la ministra de Planificación, Pilar Garrido, defendió ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios que esos cálculos sí se hicieron, no se reflejan en la compensación que ella misma reconoció habrá que hacerle posteriormente a la Caja.
El diputado José María Villalta preguntó directamente a Garrido cuál sería el impacto de esa reducción en las cargas sociales que la CCSS dejaría de recibir, esto luego de que la jerarca, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, y el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, no lograran responderlo el lunes en el programa 7 Días.
Durante esa transmisión Garrido aseguró, sin certeza, que ese impacto sería de ₡44 mil millones.
Hoy, sin embargo, se corrigió y dijo que serían ₡32 mil millones solo para la Caja y que el dato de Fodesaf, que solicitó con ahínco Villalta, no lo tenía a mano.
“En total es un ahorro bruto de ₡160 mil millones, eso menos impuestos nos deja ₡129.696 millones. Lo que se dejaría de percibir por cuotas obrero patronales sería ₡32 mil millones de pérdida total para la CCSS que se planea compensar y otros ₡18 mil millones dejados de percibir por rubros como salario escolar y aguinaldo.
“Eso no significa que no se tenían contemplados, solo que en ese momento (anoche) no se tenían a mano”, aseguró la jerarca.
Garrido, empero, aseguró que esos ₡32 mil millones se tendrían que compensar a la Caja como se hace con la disminución de la base mínima contributiva que implementó para el combate de la pandemia del COVID-19; o sea, que el Gobierno tendrá que financiar esa pérdida de vuelta.
“Usted nos vino a exponer un dato falso, porque usted nos dijo que el proyecto de reducción de jornadas significaría un ahorro de ₡129 mil millones, pero a eso hay que restarle esos ₡32 mil millones y sin mencionar lo de Fodesaf.
“Es un dato groseramente inexacto por no decir falso, porque es algo que van a tener que buscar de dónde devolvérselo a la Caja, a menos que la intención sea no hacerlo”, ironizó el legislador.
Desigual
Villalta fue más allá y cuestionó a Garrido y el Gobierno por presentar un proyecto de reducción de jornada laboral cuando los jerarcas del Estado y los propios diputados no tienen una jornada definida, por lo que estarían exentos de esa ley.
“Nos pone a los diputados a votar un proyecto de ley que le rebaja el salario a los funcionarios de esta Asamblea pero no a los diputados, ¿está consciente de esa desigualdad que provocaría?”, cuestionó.
“El alcance es para todos los servidores públicos, es para todos y el esfuerzo tiene que ser parejo, nosotros los ministros también, incluido el Presidente que se ya se aplicó una rebaja. Yo entiendo que a algunos, incluido usted, no les guste le tema de la reducción de jornadas, pero hay que entender el efecto de una crisis como la actual”, respondió la jerarca.
Villalta, sin embargo, calificó esos errores como vergonzosos.
“Ese proyecto está tan mal planteado que los jerarcas de la administración pública, al no tener jornada laboral igual que los diputados, no se nos estaría aplicando, solo a los subalternos con todo lo que eso implica. Probablemente sea un error, porque si no es un error sería vergonzoso, como es vergonzoso que en esa norma incluya una reforma para que a estos funcionarios no se les permita el retiro del FCL”, dijo el diputado.
Precisamente el proyecto incluye, en un último artículo, que se modifique el retiro del Fondo de Capitalización Laboral (auxilio de cesantía) para que solo se permita a trabajadores con una reducción mayor al 20% de sus jornadas, lo que excluiría a estos 35 mil funcionarios previstos.