¿En qué consiste el acuerdo que busca el Gobierno con el FMI?

El presidente Carlos Alvarado reiteró, este domingo en cadena nacional, la necesidad de aprobar el crédito por $504 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para poder así iniciar la discusión con el organismo de un acuerdo “stand-by” o Derecho de Giro, la principal -y única- estrategia que ahora mismo manejan las autoridades para financiar los gastos del próximo año y reducir la creciente deuda.

No fue una noticia nueva: el ministro de Hacienda, Elian Villegas, ya había explicado a inicios de junio anterior a los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios que el Estado apostaría por esta ruta para tratar de enderezar sus golpeadas finanzas.

Lo reiteró pocos días después en entrevista con Teletica.com, donde aceptó que el proyecto de eurobonos se descartaba para dar paso a este nuevo acuerdo que, aunque insistió no se ha discutido formalmente, se sabe que ya está adelantado.

¿Pero en qué consiste ese stand-by o Derecho de Giro?

En pocas palabras son préstamos de corto plazo hechos a la medida de los países solicitantes, con condiciones especiales y que están pensados para ayudar a las naciones en épocas de crisis.

No son para nada nuevos, se crearon en 1952 especialmente para atender economías emergentes y en 2009 sus condiciones se flexibilizaron aún más para responder mejor a las necesidades de los países.

La duración de esa línea de crédito es variada, usualmente abarca entre 12 y 24 meses pero no sobrepasa los 36 meses, según lo define el propio FMI en su sitio web.

Pero todo eso viene con condiciones: El Fondo solicita a cambio de ese derecho de giro un acuerdo formal del país beneficiado de que aplicará las medidas necesarias para solucionar las situaciones que provocaron la crisis y que además garantice el pago de los dineros prestados.

Esos objetivos deben quedar plasmados en una carta de intenciones que el país presenta al Fondo y que ya han sido previamente acordadas con el organismo.

¿Qué busca Costa Rica y qué pide el FMI?

Costa Rica pretende con este mecanismo el financiamiento por $2.250 millones que permita cubrir los gastos de al menos 2021 y además llevar el porcentaje de deuda del país hasta el 50%, alejándolo así del 67% con el que según Hacienda y el propio FMI se cerrará este 2020.

Ese dinero se trasladaría en tres pagos anuales de $750 millones.

A cambio, el Fondo pediría ajustes importantes en el control del gasto, la venta de activos innecesarios y un aumento en los ingresos.

“El acuerdo deberá ser un balance entre 4 objetivos: preservar la estabilidad de la economía y las finanzas públicas, generar mayor eficiencia en lo público, mantener nuestro Estado Social de Derecho y tener el menor impacto sobre la población”, aseveró el presidente Alvarado.

Todo eso no será fácil.

En el apartado del gasto los recortes podrían apuntar al salario del sector público por ejemplo, tal y como anunció recientemente el mandatario cuando adelantó que el Ejecutivo presentará un proyecto para bajar los salarios más altos que dependen del Estado.

Aquí toma relevancia la ley de Marco de Empleo Público, que en otros propone salarios únicos para todo el aparato estatal.

La venta de bienes ya había sido también adelantada con propuestas como la venta de la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) o el Banco Internacional de Costa Rica (BICSA), pero estos no serían los únicos activos en la mira.

Finalmente, el punto más polémico será el incremento en los ingresos.

Anoche Alvarado aseguró que la posibilidad de implementar nuevas cargas impositivas se evitará a toda costa, pero no la descartó.

“Buscaremos al máximo evitar nuevos impuestos o mayores cargas, sobre todo para la gente más humilde. Y si la situación causada por la pandemia nos obligase a avanzar en esa dirección, se haría repartiendo cargas entre los grupos que tienen mayor riqueza, desde una visión solidaria, y procurando, a la vez, no afectar el aparato productivo”, subrayó.

Lo mismo hizo Elian Villegas cuando se le consultó sobre la posibilidad de aumentar el porcentaje que hoy se cobra por el impuesto de valor agregado (IVA) en el país y que es uno de los más bajos entre los países miembros de la OCDE.

“Esa al igual que cualquier otra medida van a ser propuestas que tienen que valorarse en el seno del Consejo Económico. Personalmente ese incremento del IVA es algo que yo vería al final de la lista, no creo que esa sea una de las primeras opciones o ni siquiera intermedias que vayamos a analizar”, dijo el jerarca.

Ambas situaciones podrían venir en ese acuerdo, según han estimado expertos.

En la discusión de ese giro participará todo el equipo económico del Gobierno más representantes del Poder Legislativo, según adelantó el presidente Alvarado.

De momento los legisladores siguen observando con recelo el acuerdo y mantienen fuera de discusión la aprobación de nuevos créditos a la espera del nuevo presupuesto extraordinario, que se dará a conocer esta tarde y será discutido mañana mismo en comisión.