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Mientras sobrepoblación carcelaria crece sin freno, autoridades no tienen solución pronta

Los casos más graves son los de La Reforma y San Sebastián. En el primero, la sobrepoblación es de 48,8%, mientras que el segundo caso llega a 86,1%.

Daniel Quesada Hace 9/24/2013 10:43:00 AM

El sistema penitenciario nacional está, por decirlo así, “sobregirado” en un 37,5 por ciento. Esta cifra, para muchos poco significativa, no es la misma de hace cuatro meses, y ese es el principal problema, la cantidad de reos crece y excede por mucho la capacidad de las cárceles.

Mientras en mayo las cifras rondaban los 34 puntos porcentuales, hoy, poco más de un trimestre después, el número ya aumento en más de tres unidades. Sin embargo, las soluciones a corto plazo no se ven, y quizás no existan.

Manrique Sibaja, director general de Adaptación Social, confirmó el incremento y agregó que la población actual es de 13.406 presidiarios, 3.654 más que el número ideal. Pero estos datos son generales, pues en cada centro penal la situación varía.

Los casos más graves son los de La Reforma y San Sebastián. En el primero, la sobrepoblación es de 48,8 por ciento, mientras que el segundo caso llega a 86,1 por ciento. En palabras sencillas, una bomba de tiempo.

Sibaja prefiere calificarlo de esta manera, pero cataloga la situación como crítica, la cual “aún no nos supera”, debido a que el sistema penitenciario nacional “tiene fortalezas” que lo mantienen a flote, aunque a duras penas.

Estira y encoje

El jerarca de esta dependencia del Ministerio de Justicia, asegura que si de obstáculos se habla, uno de los mayores se encuentra en las medidas impuestas por los jueces de ejecución de la pena, quienes prohibieron albergar a más reos, y mantienen cerrados nueve centros.

“Tenemos una orden de la Sala Constitucional de que debemos ingresar al sistema en un plazo de 24 horas a quienes estén en celdas del OIJ. Pero algunos jueces dicen que en caso de incumplir, me abrirán causas penales por desobediencia”, aseguró.

Sibaja reclama que, en ese panorama, no sabe quién tiene la razón, pues tampoco está seguro de quién terminará demandándolo por desobediencia, si la Sala IV o los jueces de ejecución de la pena.

San José, San Carlos, Cartago, Pococí, Pérez Zeledón, Puntarenas, Limón, San Rafael, y Gerardo Rodriguez, que es un distrito penitenciario dentro de La Reforma, son los reclusorios que se encuentran con candado en frente. Una orden prohíbe que ahí ingresen más personas.

“Para mí tiene preminencia la orden de la Sala sobre los jueces”, subraya, pero recuerda que al mismo tiempo, “los jueces siguen poniendo a nuestra orden a los detenidos. Estamos en un momento de crisis”, concluye.

El futuro negro

Pese a que el problema es por todos conocido, si se levanta la cabeza hacia el futuro cercano, no se observa más que nubosidad. El panorama es desalentador, pues aunque existen algunos pocos recursos, estos no vendrán pronto y tampoco serán la solución para el hacinamiento de las cárceles.

Este año, el Ministerio de Justicia logró obtener 1300 millones de colones para construir 74 nuevos espacios. Con estos recursos se construirían siete módulos, cuatro en La Reforma, dos en Pérez Zeledón y uno en Puntarenas.

La infraestructura, según Sibaja, permitirá albergar a cerca de 560 personas, pero apenas se está dando la orden de inicio y las obras estarían finalizadas a finales de diciembre o principios de enero. Además se espera el resultado de la apelación de la construcción de dos módulos en el CAI de Liberia.

Así mismo, no se barajan soluciones prontas. Se habló de un decreto de emergencia, pero este, en palabras del director de Adaptación Social, está por ahora prácticamente descartado, pues sostiene que no sería necesario llegar a ello.

“Es necesario que nos sentemos los diferentes actores de sistema de justicia penal y llegar a un acuerdo mínimos para tener abierto los centros”, anuncia, pero “a mediano plazo estamos apostando a seguir ampliando la capacidad de alojamiento del sistema, y la posibilidad de alojar personas en el programa semi-institucional, adscritos a centros penitenciarios”, previó.

Esto casi deja bajo el tapete la posibilidad de dispositivos electrónicos para el control de privados en condiciones de libertad condicional, por lo menos en el mediano plazo. Mientras que un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dotaría de espacio para 2 mil hombres y 700 mujeres. De nuevo, esto sería hasta el 2015.

Eso sí, Manrique Sibaja esquiva esas acusaciones de que las cárceles en Centroamérica son escuelas de delincuencia. “Esta aseveración es falsa, el sistema penitenciario tiene éxito en programas de atención, con distintos profesionales, y abordaje de necesidades básicas, acceso a educación, atención psicológica, y programas vocacionales”, concluyó.