Por Juan José Herrera |7 de enero de 2020, 11:44 AM

La Contraloría General de la República respondió este martes a la decisión de los magistrados de la Corte Plena de rechazar la orden del ente contralor de cumplir a cabalidad con lo dispuesto en la reforma fiscal, específicamente en lo relativo al pago de pluses y beneficios.

Los magistrados resolvieron este lunes por mayoría que la directriz, emitida por Área de Fiscalización de Públicos Generales de la Contraloría, violentaba la normativa pues ese departamento carece de la suficiente competencia para emitir órdenes a un supremo poder de la República.

Este martes la Contraloría aseguró que la orden se dio dentro del marco de una auditoría en curso y que esta cuenta con el respaldo total del Despacho de la Contralora General.

“La orden girada por la Contraloría General de la República al Poder Judicial se da dentro del marco de una auditoría en curso en el Área de Fiscalización de Públicos Generales, actualmente a cargo de la gerente Doctora Falon Arias Calero, según las competencias internamente asignadas y, como toda actuación institucional de esta naturaleza, cuenta con el respaldo del Despacho de la Contralora General”, afirmó el órgano en un comunicado.

La orden de la Contraloría busca que el Poder Judicial aplique aumentos nominales a anualidades y otros beneficios en lugar de hacerlos porcentuales, para que de esta forma se reduzca el crecimiento exponencial del gasto.

Esa medida, además, deberá aplicarse a todos los empleados judiciales y no solo a los futuros, como en algún momento propusieron los jerarcas de ese poder.

Rodrigo Campos, director de asuntos jurídicos del Poder Judicial, explicó que la decisión de los magistrados está apoyada en la legalidad y que en el derecho público no se pueden hacer suposiciones sobre si esa decisión estaba respaldada o no por la propia Contraloría.

Aseguró además que no solo se trata de aspectos de forma sino también de fondo y que son estos, aunados a ese error de procedimiento, los que respaldan la posición de los magistrados de apelar la directriz emitida por la Contraloría.

“Dicha orden se ajusta a los términos utilizados para los sujetos pasivos de nuestra fiscalización y, el Poder Judicial, como cualquier otra administración pública, cuenta con las vías legales pertinentes para procurar su revisión, incluida la posibilidad de plantear recursos administrativos”, dijo la Contraloría, que añadió que ante la eventual presentación de recursos de apelación no se referirá más a los aspectos de fondo.