Por AFP Agencia |21 de noviembre de 2019, 13:26 PM

El presidente Sebastián Piñera reconoció este jueves que las fuerzas de seguridad de Chile incumplieron los protocolos de uso de la fuerza pero que la justicia determinará si se violaron los derechos humanos, mientras Amnistía Internacional denunció una "política deliberada" para castigar a manifestantes.

Cuando crecen las denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza en las manifestaciones que estallaron hace un mes, el mandatario reconoció que en algunos casos no se cumplieron las reglas establecidas en los protocolos revisados y aprobados por organismos de derechos humanos recién en marzo pasado.

"Si no se cumplieron esos protocolos, y yo creo que es posible que en algunos casos no se cumplieron, eso va a ser investigado por la Fiscalía y va a ser sancionado por los tribunales de Justicia. Así funciona una democracia, así funciona un estado de derecho", dijo Piñera, en un encuentro con periodistas de medios extranjeros.

Las protestas en Chile estallaron el 18 de octubre y se saldan con más de 22 muertos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos reporta, además, unas 2.000 personas heridas. Organizaciones sanitarias afirman de su lado que más de 280 personas han resultado con daño ocular severo tras recibir disparos de perdigones.

Ningún funcionario de la policía ha muerto en las manifestaciones pero la institución contabiliza alrededor de 1.600 agentes heridos.

La Fiscalía informó que hasta el 31 de octubre se abrieron alrededor de 1.089 investigaciones penales, en todo el país, por denuncias de violencia institucional, entre ellas, 24 por presuntas torturas y nueve causas por presuntos hechos constitutivos de abuso sexual o violación.

- Perdigones en casos extremos -

Según Piñera, las reglas del uso de la fuerza en Chile establecen que el restablecimiento del orden público y la garantía de la seguridad ciudadana tiene que hacerse primero por la sola presencia de los Carabineros, la policía chilena. Si eso no es suficiente, "con diálogo, disuasión y convencimiento, y si eso no es suficiente, usando elementos disuasivos como los carros lanza aguas o las bombas lacrimógenas".

"Solamente cuando está en riesgo la vida de las personas, de los carabineros o de los civiles, se pueden usar escopetas que disparan perdigones y esos perdigones de acuerdo a protocolos deben ser de goma", explicó el mandatario.

La institución de Carabineros suspendió el uso de esta arma no letal para controlar las manifestaciones sociales, después de que médicos denunciaron una "epidemia" de lesiones oculares, con más de 200 casos registrados en las primeras tres semanas del estallido social, un número que supera las cifras de estas heridas en zonas de conflictos en el mundo.

Además otro informe divulgado por organizaciones chilenas indicó que los perdigones usados por la policía chilena están hechos solo en un 20% de caucho.

"Las reglas del uso de la fuerza fueron establecidas durante nuestro primer Gobierno (2010-2014) y fueron revisadas en marzo de este año. Se las enviamos al Instituto Nacional de Derechos Humanos, a organismos de Derechos Humanos, las hicimos públicas, recibimos comentarios y esas fueron las normas de uso de la fuerza" que hoy operan, enfatizó el mandatario.

- Ataques generalizados -
Piñera habló después que se hiciera público un reporte de Amnistía Internacional (AI), en el que se asegura que las fuerzas de seguridad chilenas están cometiendo "ataques generalizados" y usando la fuerza "de manera innecesaria y excesiva" para castigar a la población que se manifiesta en Chile.

"La intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes", afirmó en informe a AI, que recoge las conclusiones preliminares de una visita de inspección de esta organización internacional que logró documentar 23 casos de violaciones a los derechos humanos en todo el país.

"No son hechos aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón consistente en el tipo de violaciones y en el modus operandi llevado a cabo a lo largo de todo el país principalmente por parte de Carabineros. El grado de coordinación requerido para sostener la represión violenta de las protestas durante más de un mes conduce razonablemente a pensar en la responsabilidad del mando al más alto nivel, sea porque ordenó o toleró la represión", denunció AI.