Por AFP Agencia |19 de noviembre de 2019, 11:55 AM

Seguidores del presidente nicaragüense Daniel Ortega mantienen este martes tomada la Catedral de Managua, donde irrumpieron la víspera para desalojar a opositores en huelga de hambre y agredir a los sacerdotes, mientras la policía rodea el templo para impedir el acceso, informaron fuentes políticas.

"La Catedral sigue tomada por turbas del gobierno y el acceso es complicado porque la policía" y fuerzas antimotines vigilan la entrada principal y las calles adyacentes, dijo a la AFP Silvia Gutiérrez, de la coalición opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).

Nueve opositores iniciaron el lunes una huelga de hambre en la Catedral para exigir la liberación de unos 139 presos políticos, en solidaridad con 11 mujeres que adoptan esa forma de protesta desde la semana pasada en la iglesia San Miguel de Masaya, 30 km al sureste de la capital.

El templo de Masaya también permanece cercado por la policía.

La arquidiócesis de Managua denunció la noche del lunes que "grupos violentos afines al gobierno" ingresaron y tomaron el control de la Catedral, golpearon a dos religiosos y profanaron el templo.

Los huelguistas lograron refugiarse en instalaciones anexas a la Catedral, donde pasaron la noche con mucha "angustia", dijo Gutiérrez.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la "violencia contra madres y religiosos por parte de civiles" y exigió a las autoridades "detener el asedio a templos y familiares de presos políticos" en huelga de hambre.

El exobispo auxiliar de Managua Silvio Báez, un crítico del gobierno que fue trasladado al Vaticano, se solidarizó en Twitter con los "sacerdotes y toda la iglesia del país que sufre persecución".

Según la disidencia sandinista, al menos 16 iglesias han sido "asediadas por la policía y fuerzas de choque del gobierno" en los últimos días.

Los templos son usados en ocasiones por la ciudadanía y opositores para manifestarse ante la prohibición de la policía de protestar en las calles.

Las restricciones buscan evitar que se reanuden las masivas protestas que estallaron el año pasado contra el gobierno de Daniel Ortega, cuya represión dejó al menos 325 muertos y cientos de detenidos, según la CIDH.

Las autoridades liberaron en junio a cerca de 500 opositores bajo una ley de amnistía, pero la UNAB afirma que aún hay más de 130 disidentes presos. El gobierno niega la versión.