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Los socialdemócratas gobernantes de Berlín del SPD han rechazado la petición de una iniciativa ciudadana para expropiar a cualquier empresa inmobiliaria que posea más de 3.000 apartamentos en la capital alemana, según informaron medios locales. La decisión, votada por los delegados en una conferencia del partido estatal el sábado, pone al SPD en desacuerdo con sus dos socios de coalición menores en el gobierno de Berlín: el partido La Izquierda y los Verdes.

Las tres partes hicieron historia la semana pasada al aprobar el primer congelamiento y limitación de los precios del alquiler de vivienda en Alemania, pero la posibilidad de nacionalizar la propiedad era un paso que iba demasiado lejos para este partido de centro izquierda, a pesar de la aguda escasez de viviendas asequibles en la ciudad. La moción decía que tal medida "actualmente no sería conveniente" para la ciudad.

El alcalde de Berlín, Michael Müller, quien habló durante el debate contra la resocialización, dijo que el SPD debe mantener su "posición responsable" para lidiar con la crisis de la vivienda, que implica "construir, comprar, limitar". Es decir: alentar nuevas construcciones, comprar viviendas existentes para alojamiento asequible y limitar los precios del alquiler.

Propiedad de vuelta a la gente

La iniciativa "Deutsche Wohnen & Co enteignen" (expropiar Deutsche Wohnen y compañía) se lanzó en abril con el objetivo específico de poner de nuevo bajo control público una cifra estimada de 240.000 apartamentos propiedad de grandes compañías como Deutsche Wohnen.

Se pretende que la medida sea un intento de revertir la privatización de la propiedad pública en Berlín en los últimos 20 años, que se ha atribuido al aumento de los principales promotores privados de vivienda como Deutsche Wohnen, y la consiguiente subida en espiral de los precios del alquiler. Una encuesta realizada por un portal inmobiliario encontró que el alquiler promedio en Berlín aumentó en más del 100% en la última década.

La iniciativa enfatiza que la expropiación no significaría simplemente poner los apartamentos bajo propiedad del estado, sino crear un nuevo cuerpo administrativo que permita a los representantes e inquilinos elegidos democráticamente administrar los edificios. Así se evitaría también que la administración pública venda la propiedad en el futuro.

Los activistas argumentan que el artículo 14 de la constitución alemana, la Ley Fundamental, específicamente permite la expropiación de la propiedad: "La propiedad conlleva obligaciones. Su uso también servirá al bien público", reza dicho artículo. El artículo 15 agrega: "La tierra, los recursos naturales y los medios de producción pueden ser transferidos a la propiedad estatal u otras formas de empresa pública con fines de socialización mediante una ley que determine la naturaleza y el alcance de la compensación".

La iniciativa recolectó unas 70.000 firmas durante el verano, muchas más de las 20.000 necesarias para obligar al gobierno a comenzar una evaluación legal, que actualmente se está llevando a cabo. Si esta concluye que la expropiación sería legal, Berlín podría ver un referéndum sobre la propuesta. Los activistas afirman que la expropiación le costaría al estado entre 8.000 y 14.000 mil millones, que podrían financiarse a través de un préstamo que se pagará con los ingresos del alquiler.