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Los uruguayos votaban este domingo para elegir nuevo presidente, en una elección que podría dirimirse en un balotaje y en la que los ciudadanos deberán pronunciarse también sobre una reforma de seguridad que promueve la creación de una guardia nacional militarizada.

Las mesas de votación abrieron a las 08H00 locales (11H00 GMT) para que sufraguen unos 2,6 millones de ciudadanos habilitados, en unos comicios que tienen como favoritos para pasar a una segunda vuelta en noviembre al oficialista exalcalde de Montevideo Daniel Martínez, con 40% de la intención de voto, y al exsenador de centroderecha Luis Lacalle Pou, con 28%.

En un contexto regional agitado, con masivas protestas en Chile en demanda de mejoras económicas y elecciones cuestionadas por observadores internacionales en Bolivia, el presidente uruguayo Tabaré Vázquez destacó la solidez institucional de su país.

"Los uruguayos tienen gran adhesión al sistema democrático", declaró Vázquez (Frente Amplio, izquierda), que culminará su segundo mandato el 1 de marzo.

Antes de votar en Montevideo, el mandatario también se refirió a su salud, tras ser diagnosticado recientemente con cáncer de pulmón.

"Tengo la esperanza y el deseo de ponerle la banda presidencial al próximo presidente", expresó a periodistas a la salida de su casa.

Además de votar presidente y Parlamento, los uruguayos se pronunciarán sobre una reforma Constitucional que promueve la creación de una guardia nacional que pondría a 2.000 militares en las calles en tareas de seguridad.

Considerado en otra época un oasis de paz en una región turbulenta, Uruguay ha visto degradarse sus estadísticas de seguridad en los últimos años. El país registró un récord de homicidios en 2018 (414), con un alza de un 45% respecto a 2017.

Dos visiones de país

Los candidatos favoritos en las encuestas se encaminaron a votar en la mañana del domingo y se manifestaron tranquilos, mientras en las calles del país se observa un intenso movimiento, y miles de banderas con colores partidarios adornan hogares y vehículos, constató la AFP.

Mientras Martínez, un ingeniero de 62 años, propone la continuidad de las políticas del Frente Amplio, que gobierna desde 2005 y busca su cuarto mandato, Lacalle Pou, un abogado de 46 años, plantea cambios en gasto público, comercio y política exterior.

Durante la campaña el candidato opositor ha sido un duro crítico del persistente déficit fiscal en Uruguay, que durante los gobiernos del Frente Amplio ascendió a 4,8% del PIB, y ha propuesto una serie de medidas para ahorrar en el Estado pero sin subir impuestos, a contramano de la tesitura del actual gobierno.

El candidato oficialista, en tanto, no descarta ninguna herramienta para subsanar los problemas de caja de Uruguay, que financia su brecha financiera con deuda.

Mientras Lacalle Pou ha calificado de "vergüenza nacional" la política uruguaya de cercanía con Venezuela, Martínez declaró a la AFP que continuaría "totalmente" con la postura actual del gobierno del Frente Amplio, que evita condenar al régimen de Nicolás Maduro en foros internacionales y tiene una relación muy cercana desde siempre con el chavismo.

Martínez se dice aperturista en materia comercial, pero tiene reparos en firmar cualquier tipo de acuerdo de libre comercio, en particular si no existen salvaguardas para el desarrollo local de tecnología y las compras públicas.

Lacalle Pou ha señalado, por su parte, que irá por una diplomacia comercial para abrir mercados y atraer inversión extranjera que permita paliar el desempleo de 9%, luego de las dificultades que ha tenido el gobierno de Vázquez para avanzar en tratados a los que se opone su fuerza política.

A pesar de esta situación, Uruguay logró firmar en junio, junto a los demás socios del Mercosur, un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea tras 20 años de negociaciones.

La seguridad a las urnas

La reforma de seguridad promueve la creación de una guardia nacional con efectivos militares en tareas policiales; la instauración de la cadena perpetua "revisable" a los 30 años para delitos graves; penas más duras de prisión para homicidas y violadores, y la autorización de allanamientos nocturnos de hogares por orden judicial en caso de sospecha de ilícitos.

Aunque no la apoya ninguno de los 11 candidatos presidenciales y ha sido objeto de una fuerte campaña en contra por parte de movimientos sociales, sindicatos y el oficialista Frente Amplio, según encuestas publicadas esta semana, entre 39 y 53 por ciento de la ciudadanía se declara favorable a la propuesta.

Las urnas cerrarán a las 19h30 locales (22H30 GMT) con posibilidad de prórroga de una hora.