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Todos los trabajadores de la Municipalidad de Limón deberán recibir un curso de sensibilización y capacitación sobre los derechos y deberes de las personas con discapacidad.

Así lo señala una sentencia de la Sala Constitucional cuyo fallo fue votado de forma unánime el pasado viernes 11 de octubre.

Los magistrados resguardan el derecho de una población socialmente vulnerable y por ello establece un plazo de seis meses para que la Municipalidad coordine con el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad para que les imparta la capacitación.

Esta resolución surge como respuesta a un recurso de amparo interpuesto por uno de los funcionarios del municipio, quien alegó no tener las condiciones idóneas para desplazarse en silla de ruedas.

Reclamó el incumplimiento de la Ley 7.600 sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, pues hay ausencia de rampa y un servicio sanitario adaptado, algo que deviene en un trato degradante, discriminatorio e irracional.

“El derecho a la igualdad, así como la prohibición de toda forma de discriminación que sea contraria a la dignidad humana, goza de profundo reconocimiento y protección por el Derecho de la Constitución”, detalla la Sala Constitucional en la resolución.

Por otra parte, se le ordenó a la Municipalidad que tiene un mes de plazo para coordinar todo lo necesario para la instalación de un servicio sanitario con barras y dimensiones de conformidad con la Ley 7.600, así como realizar las remodelaciones para que el inmueble cuente con las herramientas de accesibilidad.