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El llamado plan o crédito de salvamento presentado la semana anterior por el presidente Carlos Alvarado no solo falla en el objetivo de incentivar la reactivación económica, sino que además se equivoca en la forma de intentarlo.

Así lo aseguran diferentes economistas del ámbito financiero y académico, que señalan serias grietas en la propuesta, al menos a partir de los detalles que hasta el momento ha presentado el mandatario en sus diferentes comparecencias.

A grandes rasgos el plan permite a personas que tengan comprometido más del 40% de sus ingresos obtener créditos en condiciones mucho más favorables de las habituales, a saberse tasas de interés del 12% y plazos de pago que puedan llegar hasta los 20 años.

Sin embargo, en esta primera etapa la medida será exclusiva para los asalariados, lo que excluye a todo el sector laboral informal y también a todos los desempleados, dos poblaciones mucho más susceptibles al sobreendeudamiento.

“En términos generales para mí la medida es totalmente equivocada y una estupidez. No aporta ningún efecto positivo al problema del país. Pareciera que el Gobierno no conoce la cultura del costarricense en el campo económico, que en términos generales siempre ha presentado una alta propensión al consumo y nada al ahorro”, criticó con dureza Carlos Palma, economista y director de la Escuela de Economía de la UCR.

Según Palma, la iniciativa podría resultar en un deterioro “gravísimo” del sector financiero pues al imponer por ley que los intereses y amortizaciones de las personas bajen, aumentaría la moratoria en las instituciones financieras y con este la posibilidad de traerse abajo todo el sistema.

El plan establece además que aquellas personas que decidan acogerse a esta refundición de deudas no podrán volverse a endeudar en el sector financiero formal hasta no pagar 50% de ese nuevo crédito, una posibilidad que, según los expertos, no hace más que incentivar la informalidad.

“Es una propuesta irresponsable. ¿Por qué le vas a impedir a una persona endeudarse por las vías legales pese a demostrar un buen comportamiento de pago en algunos casos? ¿Por qué vas a impedirle por cinco o seis años un crédito cuando sabemos que es normal que surjan nuevas deudas?

“Para mí esto solo incentiva la informalidad, porque la cultura del tico nos demuestra que esto no va a impedir que busque otras formas de financiamiento”, cuestionó a su vez el economista y banquero Gerardo Corrales.

Detalles

La directriz, que vendrá acompañada de un proyecto de ley, estipula entre otras que toda persona que opte por esa refundición de deudas deberá asistir a un programa de educación financiera.

Además, establece la posibilidad de ampliar el Centro de Información Crediticia de la Sugef mediante la reforma a la Ley Orgánica del Banco Central.

Esto permitiría ampliar el ámbito de acción de la Superintendencia para así garantizar que las deudas de los ciudadanos que opten por el plan no crezcan en entidades que ahora están fueran de su jurisdicción; por ejemplo, casas de préstamos o almacenes de electrodomésticos.

Esto, además, permitiría que estas también se vuelvan sujetos de esa refundición, aunque eso todavía está por definirse.

Sin embargo, los economistas insisten en que, al final, no conseguiría el objetivo de reactivar la economía, por más que busque incentivar el consumo.

“Siendo que el nivel de sobreendeudamiento de los ticos es tan alto, quienes califiquen a este plan claramente van a sentir un alivio, pero a final de cuentas el consumo está deprimido por problemas más serios, como por ejemplo el desempleo o la desconfianza generalizada de los empresarios.

“Entonces no todo el mundo va a aprovechar este alivio para consumir más, por lo que el impacto del plan sería mínimo. Eso es lo más errado de este enfoque, centrarse en el consumo y no en las reformas estructurales tan urgentes que necesita el país”, apuntó el economista Eli Feinzaig.

Tanto Feinzaig, como Corrales y Palma cuestionaron además lo atractivo del negocio para la banca estatal, que estaría comprando deuda a entidades privadas en condiciones mucho menos favorables de lo que acostumbran, mientras que estas se estarían librando de una cartera de clientes mucho menos atractiva.

“Los bancos estatales le estarían comprando a los privados clientes con altos grados de morosidad, pagándoles bajo sus reglas y asumiendo esas deudas en condiciones que ahora mismo no sabemos si cubrirían siquiera los costos de operación. Es una negociación cuya lógica no queda muy clara”, cuestionó Corrales.