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El fallido intento de secesión de 2017 colocó en un impás a un movimiento independentista catalán que, lastrado por las divisiones, quiere retomar la iniciativa tras la condena este lunes contra sus líderes, entre temores de radicalización de algunos sectores minoritarios.

"Estado de noqueo"

Desde el fallido intento de secesión de 2017, que supuso la pérdida temporal de la autonomía regional y el encarcelamiento o huida al extranjero de sus líderes, "el movimiento se ha quedado en un estado de noqueo", asegura la politóloga Berta Barbet.

Su proyecto consistía en prometer una independencia fácil, rápida y sin costes lo que se demostró "irreal" ante un Estado totalmente en contra y una sociedad catalana dividida en dos sobre la cuestión.

Desde entonces, "no ha habido una reflexión de fondo sobre hacia dónde avanzar", explica el politólogo de la Universidad Autónoma de Barcelona, Joan Botella.

El proceso hacia la secesión quedó interrumpido pero los independentistas mantienen el poder en el gobierno, el parlamento y una mayoría de municipios de esta región de 7,5 millones de habitantes.

"Los ánimos están decaídos pero la fuerza electoral del independentismo sigue existiendo, no están en retroceso", apunta Barbet.

Divisiones internas

Este bloqueo hizo aflorar las diferencias existentes dentro del independentismo, un heterogéneo movimiento que va desde la izquierda anticapitalista hasta la democracia cristiana.

Además de la discrepancia ideológica, "el movimiento está dividido entre quienes quieren ir hasta el final a cualquier precio y quienes no están dispuestos a asumir algunos de los altos costes que supondría", dice Barbet.

El expresidente Carles Puigdemont (Juntos por Cataluña, JxC) es partidario de mantener la confrontación con Madrid mientras que su exvicepresidente Oriol Junqueras (Izquierda Republicana, ERC), condenado este lunes a 13 años de cárcel, aboga por el diálogo y prefiere aparcar la vía unilateral.

Esta dualidad afecta al gobierno regional presidido por Quim Torra (coalición JxC-ERC) que, además, perdió el apoyo de la tercera fuerza separatista, la izquierda anticapitalista CUP, imprescindible para su mayoría.

La fragmentación también llegó a las asociaciones civiles separatistas: ANC y Omnium se distanciaron y cobraron relevancia los Comités de Defensa del Referéndum (CDR), grupos autoorganizados con expeditivos métodos de protesta.

"Hay mucho desorden en el mundo independentista, el panorama es muy confuso. No se sabe quién manda y esto lo bloquea todo", dice Botella.

Respuesta a la sentencia

El presidente regional, Quim Torra, señaló la sentencia del Supremo como el momento para retomar la iniciativa y en el segundo aniversario del referéndum del 1 de octubre prometió "avanzar sin excusas hacia la república catalana".

El movimiento independentista promete dar "una respuesta masiva" a la condena de sus líderes "desde la lucha no violenta y la desobediencia civil pacífica".

Entre las acciones previstas figuran manifestaciones por toda la región, marchas de varios días y una huelga general el viernes.

Tras años de movilizaciones mayoritariamente pacíficas, se teme la radicalización de un sector minoritario del movimiento especialmente tras el reciente encarcelamiento de siete militantes acusados de preparar acciones violentas.

Diálogo frustrado

Esto hizo aumentar las tensiones con el gobierno español del socialista Pedro Sánchez, que les exige condenar cualquier indicio de violencia y advierte con una nueva suspensión de la autonomía regional.

La llegada al poder de Sánchez en junio de 2018, con una moción de censura apoyada por los separatistas, llevó a cierta distensión y una incipiente negociación con Torra.

En diciembre, en una reunión en Barcelona, incluso acordaron un comunicado común apostando por "un diálogo efectivo" para "avanzar en una respuesta democrática" al conflicto.

Aun así, se encontraban en las antípodas en la cuestión principal: el referéndum de autodeterminación reclamado por los separatistas y rechazado por Madrid.

El diálogo se rompió en febrero con el inicio del juicio en el Supremo.

Los independentistas vetaron los presupuestos de Sánchez, precipitando la convocatoria de las elecciones legislativas de abril que deberán repetirse el 10 de noviembre por el bloqueo político en el país.