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Los diputados Gustavo Viales (Liberación Nacional) y Carolina Hidalgo (Acción Ciudadana) presentaron este miércoles un proyecto de ley que pretende sancionar con hasta 10 años de cárcel y una multa de ₡7 millones la venta de cualquier lotería o juego de azar no autorizado por la Junta de Protección Social.

La redacción de la iniciativa contó con el respaldo de la propia JPS y sería analizada dentro de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.

“(Queda prohibida) toda actividad que procure, facilite o financie la realización, venta, distribución o comercialización en el territorio nacional de loterías preimpresas o electrónicas, apuestas deportivas, videoloterías y otros juegos de azar, que no sean realizados, administrados, vendidos, comercializados o distribuidos por la Junta de Protección Social”, reza el texto de la propuesta.

El proyecto sancionaría con entre 10 y 15 salarios base (definido cada uno en ₡446.200) a quien venda lotería u ofrezca juegos de azar. En caso de reincidencia la sanción será de entre seis meses a dos años de prisión.

Aquellas personas que financien, distribuyan, administren, contraten o empleen a personas para la comercialización, venta o distribución de estos productos ilegales se expondría a una pena de cuatro a ocho años de cárcel.

Mientras que aquellos que vendan o provean productos para la comercialización de lotería ilegal o juegos de azar, o bien para facilitar su promoción, podrían ir a prisión entre seis meses y dos años.

El texto señala como conductas agravantes la participación de servidor público o de una organización de crimen organizado en las conductas antes señaladas. En estos casos las penas de prisión se elevarían a entre seis y diez años.

De igual forma se sancionaría a cualquier servidor o entidad pública que no cumpla con las funciones dispuestas para sancionar la comercialización de venta ilegal.

“Estamos hablando por ejemplo de que un policía municipal no denuncie una venta de lotería ilegal o un trabajador municipal que no proceda a cancelar la patente de estos locales”, explicó Viales.

“Las multas son duras, pero castigan principalmente la reincidencia. O bien el financiamiento, porque según el ICD y otros estudios esto es una ventana para el narcotráfico y el crimen organizado, por eso es más duro para ellos”, añadió.

El proyecto faculta a las municipalidades a cancelar cualquier patente de un negocio donde se compruebe que hay una venta de lotería ilegal, lo mismo que al decomiso de cualquier bien que se pruebe ligado a esto.

Las multas y los bienes decomisados irán a partes iguales a la JPS y la municipalidad a cargo de la gestión.

“Es una forma de incentivar a las municipalidades en esta gestión”, finalizó Viales.