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Un proyecto de ley busca erradicar las pistas de aterrizaje clandestinas una vez que sean descubiertas por las autoridades.

La iniciativa, presentada este lunes por la diputada del Partido Integración Nacional Zoila Rosa Volio, pretende obligar a los dueños de las propiedades en donde se encuentren este tipo de pistas a inhabilitarlas en un plazo máximo de 15 días, caso contrario las autoridades solicitarían a un juez la orden de ingreso y se procedería a la destrucción de la misma.

“Estamos hablando de que en el país hay 83 pistas de aterrizaje que se utilizan para el narcotráfico, sabemos dónde están y no podemos hacer nada porque nuestras autoridades no están facultadas para intervenir. El proyecto precisamente busca eso, facultar a esos cuerpos de inhabilitar pistas que simplemente no deberían existir”, aseguró la diputada.

La legisladora aseveró que, según los datos del Servicio de Vigilancia Aérea al 24 de setiembre anterior, en el país hay debidamente identificadas 83 pistas clandestinas y 41 helipuertos.

Según Volio, el proyecto busca darle la oportunidad a los propietarios de tomar una decisión sobre cómo inhabilitar la pista, pero la medida deberá ser inmediata y estos no podrán alegar desconocimiento o razones para no intervenirla.

“Empecemos porque nadie debería tener una pista clandestina en su propiedad. Si usted quiere tener una pista por las razones que sea todo bien, la registra y cumple con la formalización. ¿Pero que usted tenga una pista clandestina donde aterrizan avionetas y que usted diga que no sabe qué pasa ahí porque vive en San José? No puede ser”, justificó.

El texto del proyecto, que luego de su publicación y firma será analizado en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, estipula que si luego de 15 días la pista no ha sido inhabilitada por el propietario, las autoridades tendrán la potestad de sembrar árboles en el lugar, realizar movimientos de tierra por los medios que crean convenientes, o bien, dinamitar el terreno.

“Son posibilidades, pero el propietario siempre tendrá la opción de sembrar palmeras o higuerones o mover la tierra con palas… El asunto es sacar de funcionamiento estas pistas, interrumpir esos flujos de narcotráfico y complicar el trasiego de droga”, explicó Volio.

La legisladora aseguró que en países como Guatemala u Honduras las autoridades ofrecen un plazo de 24 horas a los dueños de las propiedades y luego de estas proceden a la destrucción de la pista y trasladan el costo del operativo a sus propietarios.

“En Costa Rica me parece que es que no hemos caído en cuenta de la verdadera seriedad del tema de narcotráfico en el país y sus implicaciones tan graves. Seguimos pensando que este tema todavía no es con nosotros y no es así, hay que tener consciencia de que esto no es un juego de niños”, finalizó.