Ministerio de Justicia desmiente que desconozca paradero de privados con monitoreo electrónico

La ministra de Justicia y Paz, Marcia González, desmintió este lunes de manera categórica que su cartera desconozca el paradero de 596 privados de libertad que utilizan una tobillera electrónica, tal y como denunció la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

González afirmó que el ministerio garantiza que el 100% de la personas que se encuentran en esa modalidad están bajo seguimiento y que también rechazan que exista inacción en la atención de alertas generadas por los dispositivos.

“Es absolutamente falso que haya personas perdidas en monitoreo electrónico. La afirmación es temeraria e irresponsable por parte de una empresa que solo brinda el soporte tecnológico.

“La ESPH en su rol de proveedor de un servicio no está en capacidad de saber el seguimiento que se le da a esta población ni de medir la efectividad que tenemos los actores involucrados en el sistema de justicia”, señaló.

González afirmó que todo esto lo logran “a pesar de las fallas y la limitación de la plataforma tecnológica”.

“Desde el 29 de mayo del 2017, el Ministerio de Justicia y Paz ha remitido a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia más de 60 comunicados para advertir fallas en el sistema de monitoreo electrónico que debían ser corregidas por la ESPH como proveedor tecnológico.  Por eso para la cartera ministerial no es de recibo que se afirme que la plataforma trabaja “perfectamente” como afirman sus representantes”, añade la misiva.

La ESPH denunció esta mañana que además de no conocer el paradero de esas casi 600 personas, el ministerio llegó a acumular hasta 700.000 alertas de estos dispositivos sin atender.

“Desde el inicio de esta administración se estableció un protocolo de actuación al activarse una alerta en la plataforma. Es así como cuando tiene lugar algún tipo de incumplimiento, se contacta a la persona por teléfono, la Policía lo visita y adicionalmente se remite un informe a la autoridad judicial correspondiente”, explicó el ministerio.

“Nos llama poderosamente la atención que las aseveraciones tendenciosas y los ataques infundados por parte de la ESPH se den cuando estamos a las puertas de abrir un nuevo concurso para la contratación del proveedor que brindará este servicio a partir del 2021.

“Reafirmo mi compromiso para que ese proceso de contratación se realice en el más estricto apego a la normativa nacional y atendiendo los principios de probidad y neutralidad”, finalizó la ministra.

Sobre estas mismas denuncias este lunes la diputada de Restauración Nacional, Floria Segreda, presentó un recurso de amparo contra el ministerio y González por su negativa a ofrecerle información sobre los dispositivos.

“No niego que los brazaletes puedan ser una medida alternativa y válida, pero los ciudadanos merecemos que se ofrezcan condiciones mínimas de seguridad y eso pasa, en primera instancia, porque los beneficiarios
sean evaluados previamente y se aseguren de cumplir con todos los protocoles necesarios”, defendió la legisladora.

Según Segreda, desde el 17 de junio anterior soliticó