Nacional

Conozca el ABC del proyecto Ley de Marco de Empleo Público

El abogado Marco Durante realizó la lectura completa de dicho proyecto y desmenuza los puntos más importantes que contiene

Por Julio Naranjo |9 de abril de 2019, 9:59 AM

El Poder Ejecutivo presentó este lunes ante la Asamblea Legislativa el proyecto Ley de Marco de Empleo Público, el cual pretende uniformar y dar lineamientos en función de lo que consideran que son sus necesidades.

Este proyecto de ley plantea cambios importantes en cuanto a la contratación de talento humano y tiene como objetivo que el Estado haga un uso eficiente de los recursos públicos. Pero, ¿comprende usted todo lo concerniente a esta iniciativa que se discutirá en el plenario las próximas semanas?

El abogado Marco Durante, socio director de BDS Asesores, realizó la lectura completa de dicho proyecto y desmenuza los puntos más importantes que este contiene.

Señala que la Ley de Marco de Empleo Público busca saldar una deuda que tiene el legislador ordinario con los legisladores constituyentes desde hace 70 años, ya que el estatuto de Servicio Civil actual regula solamente una parte del Poder Ejecutivo, pero deja de lado otros poderes y administraciones del sector público.

Es un proyecto que consta de 44 artículos y 16 transitorios, el cual debe pasar todo el trámite legislativo donde podría tener cambios sustanciales.

Gobernanza

El proyecto define que el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) es el ente rector del empleo en Costa Rica.

Por otra parte, diez personas de las cuales tres de ellas serán miembros de sindicatos, conformarán un Consejo Consultivo de empleo público, además de la creación de un observatorio que se encargará de recopilar la información a corto y largo plazo.

“Esta ley tiene definido claramente sus alcances e indica que cubre a los tres poderes de la República, al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), a toda la administración central y descentralizada, incluida la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), universidades y municipalidades”, comentó Durante.

La ley únicamente deja por fuera a entes públicos no estatales de forma expresa en el artículo 2.

El proyecto también habla de varios ejes de gestión. Primero, la gestión del empleo, la cual regulará todo lo concerniente con reclutamiento y selección de nuevos funcionarios, la oferta de empleo público, características y reglas para el personal de alta dirección, así como los despidos.

Desempeño y salario global

En un segundo eje regula del desarrollo del trabajador con reglas relacionadas a formación, capacitación y carrera administrativa.

En cuanto a la gestión de la compensación se introduce la figura del salario global, aplicable únicamente para los nuevos funcionarios que se vayan a contratar a partir de que entre a regir la ley.

“Los trabajadores actuales podrán elegir de forma voluntaria pasarse a un régimen de salario global, en cuyo caso MIDEPLAN creará un procedimiento para tales efectos”, detalló el experto.

También se crean incentivos monetarios y no monetarios por desempeño y productividad, donde solo una calificación “Excelente” es la que va a dar oportunidad a un trabajador de tener un incentivo monetario.

“Este incentivo está limitado a un 10% de su salario global o base y se le podrá pagar a un máximo del 30% de los trabajadores”, agregó Durante.

Además, se establecen topes en las vacaciones de los funcionarios a un mes como máximo por año laborado, se amplía la licencia de maternidad hasta dos meses más para casos específicos y se promueve un permiso con goce de salario para disfrute de la paternidad.

Tras la lectura completa del proyecto, Durante recomienda que para evitar roces de constitucionalidad se deberían revisar las leyes orgánicas y constitutivas de cada una de las instituciones, incluidas en el artículo 2 de su ámbito de cobertura, para que haya una reforma expresa.

“No hacer eso podría generar un riesgo de violación al régimen de autonomía que tienen muchas instituciones en el país, dadas por Constitución Política como universidades y municipalidades”, concluyó el abogado.